Dary Terrero
SANTO DOMINGO. – En una acción sin precedentes en la administración pública dominicana, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), encabezado por su director ejecutivo Milton Morrison, presentó una querella penal contra la empresa Dekolor SRL y sus principales ejecutivos, Rogelio Ramón Oruña Aguilar y Sandra Oruña, por presuntos delitos de corrupción privada, incluyendo soborno, lavado de activos, chantaje, estafa y asociación de malhechores.
La querella fue formalmente depositada este 4 de julio de 2025 ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), con una detallada exposición de pruebas, incluyendo pagos en efectivo, presiones indebidas y amenazas, con el objetivo de mantener de forma irregular un contrato vencido para la impresión de licencias de conducir.
Ofrecían sobornos millonarios a cambio de prórroga sin licitación
Según el documento legal, los representantes de Dekolor ofrecieron hasta un millón de dólares estadounidenses y tres millones de pesos mensuales al director del INTRANT a cambio de renovar, sin licitación, un contrato vencido relacionado con la expedición de licencias.
La negativa del funcionario a aceptar el soborno habría desencadenado presiones y amenazas por parte de la estructura empresarial denunciada.
Los actos señalados incluyen la violación de múltiples disposiciones legales, entre ellas:
Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión Ley 155-17 sobre Lavado de Activos Código Penal dominicano en sus artículos sobre asociación de malhechores, estafa y chantaje Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología
Milton Morrison: “No me dejé doblar”
Milton Morrison, quien también se constituye como actor civil en la querella, afirmó que su rol como servidor público lo obliga a actuar ante cualquier intento de corrupción.
“No me dejé doblar. Este caso no solo es mío, es del país. Representa una defensa activa de los recursos del Estado frente al abuso de sectores privados con viejas prácticas”, declaró.
Estructura criminal organizada para estafar al Estado
Los documentos depositados por el bufete Estrella & Tupete Abogados, que representa al INTRANT, describen una presunta red empresarial dedicada a manipular contratos estatales mediante sobornos, ocultamiento de transacciones y coacción a funcionarios.
Los querellantes detallan evidencia documental y testimonios que demostrarían cómo la empresa operaba una estrategia de presión para lograr la extensión de contratos públicos sin cumplir con los procesos de licitación establecidos en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones.
Un precedente histórico
Esta es la primera vez que una institución estatal activa una querella penal por corrupción contra actores del sector privado de esta magnitud. El caso no solo busca sanción penal, sino también una reparación civil por los daños económicos y reputacionales al Estado dominicano.
La PEPCA deberá ahora iniciar la investigación formal, incluyendo interrogatorios, peritajes financieros y medidas cautelares, en lo que podría convertirse en uno de los procesos judiciales anticorrupción más emblemáticos del actual Gobierno.
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Dary Terrero
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