Dary Terrero
Durante su sesión número 45, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley que establece la creación del Sistema Nacional de Alertas (AlertaRD) para prevenir desapariciones y responder ante situaciones de peligro inminente. La pieza legislativa fue propuesta por la diputada Liz Mieses.
El objetivo central del proyecto es regular de forma obligatoria y nacional la activación del sistema de alerta AMBER y otras modalidades, con protocolos específicos para localizar a personas vulnerables cuya vida o integridad esté en riesgo.
Sistema obligatorio para proteger a los más vulnerables
AlertaRD permitirá la acción coordinada entre distintas instituciones, como la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Sistema 9-1-1, el Consejo Nacional de la Niñez (Conani), la Defensa Civil y los centros hospitalarios, entre otros.
Su aplicación abarcará todo el territorio nacional y se activará con celeridad tan pronto se reporten casos que cumplan los criterios de riesgo. Este mecanismo busca cerrar la brecha entre la denuncia y la acción oficial, evitando retrasos letales.
Coordinación interinstitucional y difusión masiva
El sistema contempla una amplia estrategia de difusión de alertas a través de medios tradicionales, redes sociales, servicios de mensajería, pantallas electrónicas y alianzas con operadores de transporte, aeropuertos y terminales.
El proyecto dispone que toda entidad pública o privada involucrada en el flujo de comunicación deberá colaborar de forma inmediata, sin necesidad de aprobación adicional, bajo penas establecidas por la ley en caso de incumplimiento.
Liz Mieses: “Una ley para salvar vidas”
La diputada proponente, Liz Mieses, afirmó que la creación de AlertaRD responde a una deuda histórica con familias que han vivido la angustia de buscar a un ser querido sin respuesta institucional oportuna.
“Esta ley no solo articula el uso de tecnología y recursos humanos, sino que coloca a la República Dominicana a la par de los países que priorizan la vida y la protección de su gente más vulnerable”, aseguró Mieses durante su intervención en el hemiciclo.
Apoyo familiar y protección posterior
El proyecto también contempla acompañamiento psicológico a las familias, orientación legal y medidas de protección para las víctimas que sean localizadas. Asimismo, se prevé la capacitación del personal y la creación de una base de datos nacional sobre personas desaparecidas.
La ley establece mecanismos de evaluación constante y auditoría del sistema para garantizar que su uso sea ágil, transparente y efectivo.
Organizaciones de la sociedad civil, especialistas en seguridad y defensores de derechos humanos han respaldado la iniciativa, destacando que marca un hito para la protección de la niñez, personas con discapacidad, adultos mayores y otras poblaciones de alto riesgo.
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Steffany Baez
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