Dary Terrero
El presidente Luis Abinader emitió el Decreto 396-25 que aprueba el reglamento de aplicación de la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, como parte de los esfuerzos del Gobierno para garantizar un desarrollo urbano planificado, equilibrado y sostenible en el país.
El anuncio fue hecho por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, quien indicó que el decreto fue firmado la noche del martes, tras un amplio proceso de consulta pública y diálogo multisectorial.
Reordenamiento urbano con base legal
El nuevo reglamento fue elaborado por el Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y posteriormente validado en vistas públicas.
También fue socializado en conjunto con otras instituciones gubernamentales como los ministerios de la Presidencia, Turismo y Vivienda, así como actores del sector privado, gremios municipales y organizaciones empresariales.
Uno de los aspectos clave del reglamento es que impone la obligación a los ayuntamientos de elaborar y aprobar planes de ordenamiento territorial.
Esta disposición busca garantizar un uso más eficiente del suelo urbano y rural, especialmente en las demarcaciones con crecimiento acelerado o vocación turística.
Las oficinas municipales de planeamiento urbano tendrán ahora la responsabilidad de autorizar los proyectos de infraestructura según la vocación del suelo, en un intento por reducir el desorden urbano, los conflictos de uso y las construcciones en zonas vulnerables.
Turismo y desarrollo local más regulado
En zonas con potencial turístico, el reglamento establece que además del permiso municipal de uso de suelo, los promotores deberán obtener una certificación de no objeción del Ministerio de Turismo.
Esta medida busca asegurar que los proyectos turísticos se integren armónicamente al entorno local y cumplan con los criterios de sostenibilidad definidos por las autoridades.
Asimismo, el Ministerio de Economía y Hacienda será responsable de certificar cuáles distritos municipales cumplen con los requisitos establecidos en el párrafo I del artículo 24 de la Ley 368-22.
Esa certificación será clave para permitirles gestionar adecuadamente el uso de suelo dentro de sus jurisdicciones.
Desarrollo con planificación y equidad
La Ley 368-22 y su reglamento de aplicación son parte de una visión estratégica promovida por la administración de Abinader, que busca transformar la forma en que se organiza y expande el territorio nacional.
Bajo este enfoque, el uso de suelo se convierte en un instrumento para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, equilibrar las inversiones y reducir la desigualdad territorial.
Con esta normativa, el Gobierno plantea que los planes municipales de ordenamiento se construyan desde la participación ciudadana y técnica, permitiendo que cada comunidad defina su crecimiento de forma coherente con sus aspiraciones, capacidades y recursos.
La aprobación del reglamento refuerza el compromiso del Ejecutivo con el cumplimiento de la ley, la descentralización efectiva y la sostenibilidad territorial, a fin de evitar improvisaciones y favorecer proyectos urbanos o rurales que respondan a una lógica de planificación de largo plazo.
Dary Terrero
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