Dary Terrero
Un grupo de contratistas acudió este martes a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) para exigir una investigación urgente por la pérdida de documentos que respaldan obras realizadas para el Estado dominicano.
Los denunciantes aseguran que la falta de esos expedientes ha obstaculizado el pago de más de 390 millones de pesos, correspondientes a trabajos terminados y entregados desde hace varios años.
Reclaman pagos por obras ya concluidas
Los contratistas forman parte del Comité Institucional Codiano (CIC), una organización que agrupa a profesionales de la construcción que prestaron servicios a distintas instituciones del Estado bajo contratos formales.
Según detallaron, los documentos que avalaban sus gestiones han desaparecido misteriosamente de oficinas públicas, imposibilitando los trámites de pago y poniendo en riesgo la estabilidad financiera de decenas de pequeñas y medianas empresas.
Instituciones públicas bajo la lupa
Los representantes del CIC no especificaron cuáles instituciones están implicadas, pero afirmaron que el patrón de extravío de documentos se repite en varios organismos, lo que sugiere una práctica sistemática y no un simple descuido administrativo.
Indicaron que en varias ocasiones han solicitado copia de los expedientes, pero no han recibido respuesta o se les ha informado que los archivos están “incompletos”, lo cual los deja sin soporte legal para cobrar lo que se les debe.
Exigen investigación de la PEPCA
Ante esta situación, los contratistas pidieron formalmente a la PEPCA que intervenga y determine si la desaparición de los documentos se debe a negligencia o a un intento de ocultar irregularidades dentro del sistema de contrataciones públicas.
Aseguran que están dispuestos a colaborar con las autoridades y entregar toda la documentación que aún conservan como respaldo de las obras concluidas y facturadas.
Cuestionan efectividad de nueva ley de contrataciones
Los afectados también manifestaron su preocupación por la reciente promulgación de la Ley 47-25 sobre Compras y Contrataciones Públicas, advirtiendo que esta no garantiza transparencia ni castigo para los responsables de irregularidades como las que denuncian.
Aunque el Gobierno ha promocionado la ley como un avance institucional, los contratistas aseguran que en la práctica sigue habiendo opacidad, discrecionalidad y exclusión de los actores más pequeños del sistema.
Temor a represalias y quiebras
Muchos contratistas señalaron que han evitado hablar públicamente por miedo a represalias, pero que el tiempo ha pasado sin que se resuelva su situación y ya enfrentan serios problemas financieros.
Algunos indicaron que están al borde de la quiebra, tras años esperando pagos que no llegan, mientras ven cómo otros proveedores con mayor cercanía política reciben prioridad.
Reclamo por igualdad y justicia
El CIC pidió al presidente de la República y a las autoridades de Hacienda y Obras Públicas que tomen cartas en el asunto, garanticen el pago justo de los compromisos adquiridos y corrijan las fallas que afectan la cadena de contrataciones del Estado.
Finalmente, exigieron que se cree un mecanismo digital de archivo obligatorio y seguro que evite nuevas desapariciones de documentos, protegiendo tanto al Estado como a los proveedores.
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Dary Terrero
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