Dary Terrero
La Asociación de Servidores Públicos de la Contraloría General de la República (ASP-CGR) interpuso una demanda en daños y perjuicios contra esa institución, reclamando el pago de incentivos laborales acumulados durante seis años.
Según la organización, la deuda supera los RD$300 millones en bonos de rendimiento individual, pero con los daños y perjuicios solicitados asciende a RD$580 millones.
Acusan incumplimiento reiterado
El abogado Oliver Batía, representante legal de la ASP-CGR, afirmó que la Contraloría, dirigida por Félix Antonio Santana García, ha incumplido sistemáticamente el pago de estos incentivos entre 2020 y 2025.
Batía calificó la situación como “un abuso sistemático” contra servidores públicos de carrera que, a su juicio, han cumplido y superado las metas establecidas.
Fundamentos legales del reclamo
El derecho a recibir estos incentivos se ampara en la Ley 41-08 de Función Pública, en los Decretos 523-09 y 527-09, y en resoluciones del Ministerio de Administración Pública (MAP).
La Ley 41-08, en sus artículos 45 al 48, establece que la evaluación del desempeño es un mecanismo objetivo para otorgar incentivos económicos, académicos o morales, así como para definir la permanencia y ascenso en el servicio público.
El Decreto 523-09, en su artículo 26, reconoce el derecho de los servidores a recibir estímulos materiales o morales.
Por su parte, el artículo 47 indica que estos beneficios deben estar contemplados en la ley o en resoluciones oficiales, y estar incluidos en el presupuesto.
El Decreto 527-09, en su artículo 3, asigna al MAP la aprobación de la estructura de cargos y la revisión del sistema retributivo antes de su inclusión en el presupuesto.
El artículo 37 precisa que los incentivos deben basarse en el mérito y cumplimiento de metas.
Resoluciones y documentos de respaldo
Entre las disposiciones citadas por la ASP-CGR se encuentran la resolución No. 100-2018, la No. 041-2020, la No. 089-2024 y la circular No. 0035105 de diciembre de 2021, que complementan el marco legal para el pago de los incentivos.
Batía señaló que, sumando el monto adeudado y los daños, el perjuicio total alcanza más de RD$800 millones, lo que pone en evidencia, según él, “una grave falta de transparencia e irrespeto a las leyes laborales dentro de la propia institución que debe garantizar el uso correcto de los fondos públicos”.
Posibles acciones adicionales
La Asociación advirtió que esta demanda podría derivar en otras acciones legales contra el contralor Félix Antonio Santana García, el director de Presupuesto José Rijo Presbot y el Ministerio de Administración Pública, a quienes acusa de complicidad en la retención de derechos adquiridos.
Este caso será conocido por el Tribunal Superior Administrativo, que deberá determinar si procede el pago reclamado y la indemnización solicitada.
Dary Terrero
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