La abogada y activista Maxi Feliz denunció que en República Dominicana persiste una exclusión sistemática contra los niños con autismo dentro del sistema educativo, a pesar de que las leyes y la Constitución garantizan igualdad de derechos.
Feliz advirtió que el Estado incumple con normativas nacionales e internacionales, incluyendo la Convención de la ONU sobre Discapacidad y la Ley 34-23 sobre Autismo, lo que mantiene a miles de familias en una situación de desigualdad frente al derecho fundamental a la educación.
Educación inclusiva sin ejecución real
La activista señaló que el discurso oficial sobre inclusión educativa se queda en el papel, ya que en la práctica existe un modelo mixto de integración y segregación que margina a los niños autistas, sobre todo en colegios privados.
Denunció que muchos centros se excusan alegando no estar preparados y terminan rechazando inscripciones, lo que constituye una expulsión encubierta e ilegal.
Según Feliz, esta práctica vulnera los artículos de la Constitución que reconocen la igualdad de derechos y la dignidad humana.
Familias obligadas a improvisar
La falta de respuesta del sistema educativo ha empujado a los padres a convertirse en terapeutas improvisados, mientras enfrentan elevados costos de terapias y acompañamiento.
Feliz indicó que el Ministerio de Educación no destina los recursos suficientes ni establece protocolos de supervisión efectivos, lo que genera un panorama de abandono para los estudiantes que requieren apoyos específicos.
Falta de estadísticas y supervisión
Uno de los puntos críticos es la ausencia de un levantamiento nacional que determine cuántos niños y adolescentes con autismo existen en el país.
La activista cuestionó que sin datos confiables es imposible diseñar políticas públicas efectivas, y denunció que tampoco existe un sistema de sanciones claras contra colegios que discriminen a estudiantes por su condición.
Propuestas para una inclusión real
Maxi Feliz planteó varias acciones inmediatas para avanzar hacia un modelo inclusivo:
Crear un censo nacional sobre personas con autismo y otras condiciones neurodivergentes. Ampliar las aulas inclusivas en el sector público con asignación presupuestaria garantizada. Extender los servicios del CAID a adolescentes y adultos, no solo a niños pequeños.
Financiar maestras sombra o personal de apoyo para colegios privados que acojan estudiantes autistas. Garantizar cupos en escuelas regulares con la debida adaptación.
Incorporar la formación obligatoria de docentes en neurodiversidad.
Transparentar los fondos públicos destinados a educación inclusiva. Ejecutar campañas permanentes de sensibilización social.
Inclusión como obligación, no promesa
La jurista enfatizó que la inclusión no debe entenderse como un favor, sino como una obligación del Estado.
Recalcó que las familias están dispuestas a defender los derechos de sus hijos en los tribunales si las autoridades siguen evadiendo su responsabilidad.
“Los niños autistas no están pidiendo permiso, están reclamando lo que ya les pertenece”, afirmó Feliz, al tiempo que recordó que la verdadera inclusión no se promete, sino que se cumple con acciones y políticas claras.