Redacción Al Minuto
SANTO DOMINGO. – La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), con ponencia del magistrado Rafael Vásquez Goico, rechazó el recurso de casación interpuesto por la Procuraduría General de la República (PGR) y confirmó en su totalidad la sentencia de la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que ordena al Estado dominicano pagar RD$10,912,792.00 a favor de Affe Gutiérrez Gil, víctima de una prolongada prisión preventiva injusta y de graves violaciones a sus derechos humanos.
La defensa de Gutiérrez, integrada por Carlos Moreno, Manuela Ramírez y Zaida Carrasco, destacó que el fallo constituye “la indemnización más alta conocida en el país por prisión preventiva injusta”, marcando un precedente histórico en materia de responsabilidad patrimonial del Estado dominicano.
Por su parte, Affe Gutiérrez expresó que la sentencia tiene un valor simbólico más allá del dinero:
“No hay nada material que devuelva el tiempo perdido. Tampoco ha existido una excusa pública por el abuso cometido, ni una investigación contra quienes nos hicieron daño”.
Un caso marcado por abusos, corrupción y retaliación
El proceso judicial de Gutiérrez empezó en 2008, tras su matrimonio con la periodista Sarah Pepén, momento en que, según el expediente, fue víctima de una persecución institucional que derivó en su expulsión de la Policía Nacional y un sometimiento judicial bajo cargos de homicidio.
En 2009, fue encarcelado preventivamente, pese a la falta de pruebas. Un testigo admitió haber recibido dinero para acusarlo falsamente, lo que reveló un entramado de manipulación procesal que lo mantuvo preso por más de dos años y medio.
A lo largo del proceso fue condenado dos veces a 30 años, condenas anuladas por la Corte de Apelación. Finalmente, en mayo de 2017, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional lo absolvió de forma definitiva.
Durante su reclusión, Gutiérrez realizó huelga de hambre, sufrió dos intentos de asesinato y vio nacer a su hija desde la cárcel, sin poder sostenerla. Aunque denunció a jueces y fiscales, ninguna autoridad actuó. Años después, algunos de esos funcionarios fueron expulsados del sistema judicial por vender sentencias, confirmando la corrupción denunciada.
Reclamo ante el TSA y fallo histórico
En agosto de 2020, Gutiérrez presentó una demanda contra la PGR, solicitando una compensación de RD$100 millones por los daños físicos, psicológicos y profesionales sufridos. El TSA reconoció que el Estado actuó con arbitrariedad y violó garantías constitucionales, ordenando el pago de RD$10,912,792.00 como reparación.
Peritajes médicos confirmaron estrés postraumático, ansiedad y secuelas físicas permanentes. El tribunal señaló que el proceso penal se convirtió en un instrumento de destrucción personal, contrario a la justicia.
La Suprema Corte, al evaluar el recurso de la PGR, concluyó que carecía de fundamento legal e interés casacional, ratificando la condena. La decisión fue emitida el 29 de agosto de 2025.
La indemnización más alta por prisión injusta en RD
El monto supera ampliamente casos previos, donde las compensaciones no pasaron de RD$2.2 millones. Con esta decisión, la justicia dominicana fija un precedente claro: el Estado debe responder por los daños causados por el uso abusivo de la prisión preventiva.
Un triunfo moral y jurídico
Detrás de la sentencia, hay una historia humana de resistencia. La de un hombre que fue encarcelado, silenciado y olvidado, pero que nunca renunció a demostrar su inocencia.
“Esta sentencia no devuelve los años perdidos, pero devuelve la honra”, expresó su defensa.
El caso Affe Gutiérrez vs. Procuraduría General de la República se convierte en un hito para la justicia dominicana, reafirmando la importancia del debido proceso, la dignidad humana y la rendición de cuentas del Estado.
Dary Terrero
Dary Terrero
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