Tras más de 180 días de haber sido promulgada, la nueva Ley de Contrataciones Públicas entra en vigencia a partir de este miércoles, sustituyendo de manera definitiva la antigua normativa de Compras y Contrataciones del año 2006.
La ley fue promulgada el 28 de julio del año pasado por el presidente Luis Abinader, y según informó Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas, el reglamento de aplicación será publicado este martes, completando así el marco normativo para su implementación.
Se trata de una reforma estructural que comenzó a estudiarse en el Congreso Nacional desde 2021 y que introduce cambios profundos en el régimen de compras del Estado. Entre sus disposiciones más relevantes destaca la tipificación penal de la corrupción en las contrataciones públicas, estableciendo penas de hasta cinco años de prisión para funcionarios y legisladores que negocien con el Estado.
Las consecuencias de la nueva normativa también alcanzan a empresarios y contratistas, quienes enfrentarán sanciones penales severas si incurren en prácticas corruptas durante los procesos de contratación.
La legislación sustituye a la Ley 340-06, que aunque prohibía a los funcionarios beneficiarse de contratos estatales, no contemplaba sanciones penales, limitándose únicamente a medidas administrativas, como la inhabilitación, y dejando cualquier consecuencia penal a otras leyes.
Prisión para funcionarios y contratistas
El nuevo marco legal incorpora un título penal específico. En particular, el artículo 234 establece penas de dos a cinco años de prisión para funcionarios y legisladores que participen en negocios con el Estado, y hasta 10 años de cárcel para contratistas que ofrezcan sobornos con el fin de obtener obras o servicios públicos.
Asimismo, se sancionará a quienes falseen información, participen en contrataciones prohibidas o incurran en tráfico de influencias, fortaleciendo los mecanismos de prevención y castigo contra la corrupción.
Otras novedades clave
La ley dispone que las instituciones públicas deberán adquirir bienes y servicios a través de la Tienda Virtual, una plataforma oficial en línea, siempre que los productos estén disponibles en ella. Solo se permitirá recurrir a otros proveedores si se demuestra que ofrecen mejores condiciones, previa autorización de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Además, se prohíbe la fragmentación de contratos para evadir controles o licitaciones. No se podrán realizar contrataciones separadas dentro de un período de tres meses cuando se trate del mismo tipo de bien o servicio.
La normativa también institucionaliza el uso obligatorio del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, donde deberán registrarse todas las etapas del proceso: planificación, publicación, adjudicación, ejecución, pagos y cierre. Cualquier contratación fuera del sistema carecerá de validez legal y podrá ser sancionada.
Una prioridad del Gobierno
En noviembre de 2024, el presidente Luis Abinader solicitó al Congreso acelerar la aprobación de la ley, aunque el proyecto permaneció varios meses estancado en la Cámara de Diputados por desacuerdos con distintos sectores. Finalmente, Diputados y Senado alcanzaron un consenso, permitiendo su aprobación y posterior promulgación.
Con su entrada en vigencia, la nueva Ley de Contrataciones Públicas marca un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción y en la modernización de la gestión del gasto público en la República Dominicana.
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