Después de más de cinco años de litigio, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó levantar el bloqueo de los productos financieros del ciudadano Nelson Odalis Soriano, al determinar que la paralización de su cuenta bancaria en 2019 se realizó sin orden judicial y sin sustento legal.
Mediante la sentencia TC/0952/25, el alto tribunal estableció que la medida adoptada por la entidad financiera fue irregular y arbitraria, vulnerando el derecho fundamental de propiedad del afectado. Soriano había denunciado el bloqueo ante la Superintendencia de Bancos y el Tribunal Superior Administrativo (TSA), sin obtener respuesta efectiva durante años.
El TC precisó que, aunque el ciudadano fue incluido en una investigación del Ministerio Público por presunto narcotráfico, lavado de activos y porte ilegal de armas, la autorización judicial existente solo permitía el acceso a su información financiera, no la inmovilización ni bloqueo de sus activos.
Fallo contra Banreservas y Superintendencia de Bancos
La alta corte revocó en octubre de 2025 una sentencia previa del TSA que había rechazado el amparo interpuesto por Soriano, y ordenó el levantamiento inmediato del bloqueo. En su decisión, el TC concluyó que las actuaciones de Banreservas y de la Superintendencia de Bancos fueron “manifiestamente arbitrarias”.
El tribunal señaló que primero se certificó que se trataba de una inmovilización de fondos y luego se alegó que era solo una solicitud de información financiera, lo que constituyó una violación directa al derecho de propiedad del ciudadano.
Solo un juez puede autorizar bloqueos
El presidente del TC, Napoleón Estévez, destacó este caso como una de las sentencias más relevantes de 2025 y reiteró que solo un juez competente puede autorizar la inmovilización, incautación o bloqueo de productos financieros.
De acuerdo con la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, dicha medida solo puede ser ordenada por un juez, a solicitud del Ministerio Público, salvo casos excepcionales en los que exista riesgo para la investigación, los cuales deben ser ratificados judicialmente en un plazo máximo de 72 horas.