Una paciente dominicana – que mañana podría ser cualquiera de nosotros- afiliada, cumplidora, de clase media, necesita una cirugía de alto riesgo. Su médico certifica que un equipo —el neuromonitor— es indispensable para evitar un daño neurológico irreversible.

El seguro responde en tres líneas: no cubre.

Lo grave no es solo la negativa.
Lo grave es que la misma resolución que citan… ordena cubrirlo.

Así funciona un sistema donde el derecho existe en papel, pero se diluye en la práctica.
Donde el paciente tiene que convertirse en abogado para reclamar lo que ya pagó.
Donde la primera respuesta no es cuidar… es negar.

Y mientras tanto, la clase media —la que sostiene el sistema— queda sola.

Este no es un caso aislado.
Es un patrón.

En este artículo planteamos una pregunta incómoda, pero necesaria:
¿Quién está defendiendo al ciudadano cuando el sistema que debe protegerlo decide ignorarlo?