SANTO DOMINGO – El pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se reunirá este jueves en cámara de consejo para conocer la recusación interpuesta contra la magistrada Isis Muñiz, jueza de instrucción especial en el proceso contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado por presunto cohecho.

La decisión de la alta corte determinará si Muñiz, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, continúa al frente del control de las garantías del proceso o si se designa a un nuevo magistrado para conocer la medida de coerción.

Fundamentos de la recusación

El recurso fue depositado por los doctores Alberto Delgado y Valentín Medrano, representantes legales del fiscal Valdez Alcántara. La defensa alega que la imparcialidad de la magistrada se encuentra comprometida debido a que ella misma autorizó al Ministerio Público a realizar diligencias de investigación críticas, como la “entrega vigilada” de los 10 mil dólares que sustentan la acusación.

Aunque la magistrada Muñiz rechazó inhibirse de manera voluntaria, el procedimiento legal establece que, ante la objeción de las partes, el expediente debe ser elevado al pleno de la SCJ para un fallo definitivo.

Recomendación técnica

La sesión del pleno se produce tras el análisis del magistrado Francisco Jerez Mena, presidente de la Segunda Sala de la Suprema, quien presentó una recomendación técnica sobre el caso luego de ser designado para esta tarea por el presidente de la SCJ, Henry Molina.

El proceso contra Valdez Alcántara

El fiscal imputado, quien estaba adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), es señalado por presuntamente recibir dinero de un testigo vinculado a una investigación relacionada con el Servicio Nacional de Salud (Senasa).

Debido a la gravedad de los hechos y a la condición de funcionario judicial del procesado, el Ministerio Público ha solicitado un año de prisión preventiva. El órgano persecutor sostiene que existe un alto riesgo de que el imputado pueda influir u obstaculizar el curso de la investigación aprovechando su posición dentro del sistema de justicia.