SANTO DOMINGO – Los representantes legales de las víctimas de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set solicitaron formalmente al Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional la autorización para trabar embargos y aplicar medidas de coerción reales contra los imputados Antonio Espaillat, Maribel Espaillat y su madre, Ana Grecia López.

La petición busca asegurar una reparación civil ante los daños sufridos por los familiares de los fallecidos, incluyendo a la viuda e hijos de Octavio Dotel, y a la familia Castillo Ricard.

Detalle de las reclamaciones económicas

Los abogados Ingrid Hidalgo Martínez, Manuel Antonio García y José Antonio Valdés presentaron un desglose de las indemnizaciones y embargos solicitados, los cuales superan los 500 millones de pesos:

• Familia Javier Almonte: En representación de Massiel Almonte (viuda de Octavio Dotel) y sus hijos menores de edad, solicitaron embargos por RD$60 millones y una indemnización de RD$300 millones.

• Familia Castillo Ricard: Requirieron medidas por un monto de RD$300 millones.

• Dr. Julio César Castillo: A título personal, solicitó el embargo de bienes por RD$100 millones.

• Garantía Económica: Adicionalmente, se pidió una fianza de RD$75 millones en efectivo para cada uno de los imputados.

Fundamentos legales

La parte querellante fundamentó sus pretensiones en la contundencia de la acusación del Ministerio Público, a la cual se adhirieron en todas sus partes. Según la jurista Ingrid Hidalgo, las pruebas documentales, testimoniales y periciales son suficientes para destruir la presunción de inocencia de los encartados en un juicio de fondo.

Entre las acciones legales solicitadas al tribunal figuran:

1. La inscripción de hipotecas judiciales provisionales.

2. Embargos retentivos sobre bienes y cuentas bancarias de los acusados.

3. El pago de las costas legales del procedimiento.

Contexto del proceso

La solicitud de estas medidas reales ocurre en el marco de la etapa de instrucción, donde se busca garantizar que los imputados cuenten con los activos necesarios para responder a las eventuales condenas civiles derivadas del proceso penal por la tragedia en el referido establecimiento.