El titular de la PEPCA advirtió que la condición de abogado de uno de los imputados no debe ser motivo de privilegios, sino de mayor responsabilidad penal.

SANTO DOMINGO. – El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, solicitó este jueves al Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificar la prisión preventiva contra los acusados de un desfalco millonario en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Durante la audiencia de revisión obligatoria, el magistrado Camacho sostuvo ante el juez Deiby Timoteo Peguero que los argumentos presentados por las defensas carecen de la “novedad y suficiencia” requeridas por el Código Procesal Penal. Según el fiscal, no se han aportado elementos que demuestren que el peligro de fuga ha desaparecido.
Camacho arremetió contra la calidad de las pruebas de arraigo depositadas por los abogados de los encartados, calificándolas de irrelevantes para un caso de corrupción administrativa.
“Un presupuesto legal no es simplemente cualquier documento”, afirmó, tras cuestionar que se pretenda variar la prisión mediante la presentación de recibos de servicios básicos, como luz y teléfono, o cartas de asociaciones.
Asimismo, el procurador adjunto fue tajante respecto a un imputado que alegó su profesión de abogado para obtener la libertad: “La condición de abogado no puede ser un privilegio; al contrario, quien conoce la ley tiene mayor conciencia del daño que causa al Estado”.
En un momento de alta carga ética, Camacho recordó que el fraude, estimado inicialmente en 15 millones de pesos, afecta directamente a los ciudadanos más vulnerables.
“Se han robado el dinero de la salud. Estos no son solo números; se traducen en una persona de la tercera edad que va a un hospital y no encuentra el medicamento que necesita para vivir”, sentenció.
El Ministerio Público solicitó formalmente mantener las medidas de coerción contra el grupo encabezado por el exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim. El expediente incluye también a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma.
La acusación sostiene que los imputados deben permanecer bajo custodia para garantizar la integridad del proceso y evitar que se afecte la investigación sobre el daño causado al patrimonio público.









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