Ratifican prisión preventiva contra Santiago Hazim y otros seis imputados por desfalco en SeNaSa

El juez Deiby Timoteo Peguero dictaminó que no han variado los presupuestos legales para otorgar la libertad y fijó la próxima revisión para el 30 de julio.

SANTO DOMINGO. – El juez Deiby Timoteo Peguero, titular del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ratificó este jueves la medida de prisión preventiva que pesa sobre el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, y otros seis imputados vinculados a un presunto desfalco millonario contra esa institución.

Tras analizar los argumentos de la defensa y la acusación del Ministerio Público, el magistrado determinó que no han surgido elementos nuevos que desvirtúen el peligro de fuga. Según la resolución, la privación de libertad sigue siendo la medida “idónea y equilibrada” debido a la gravedad de los hechos imputados y la necesidad de garantizar que los encartados comparezcan durante todo el proceso penal.

Continuidad de la medida

El tribunal fue enfático al señalar que el daño al patrimonio público que debe ser resarcido y la posible pena a imponer justifican la permanencia de los acusados en los centros de reclusión.

“Se procede a ordenar la continuación de la prisión preventiva por considerar que no han variado los presupuestos tomados en cuenta al momento de su imposición”, dictaminó el juez Peguero.

Además de Santiago Hazim, el fallo afecta a los imputados:

• Rafael Luis Martínez Hazim

• Gustavo Enrique Messina Cruz

• Germán Rafael Robles Quiñones

• Francisco Iván Minaya Pérez

• Ramón Alan Spiekler Mateo

• Ada Ledesma

El tribunal fijó para el próximo 21 de mayo la lectura íntegra de la decisión. A partir de ese momento, los abogados defensores dispondrán de los plazos legales correspondientes para interponer recursos de apelación ante una instancia superior.

Asimismo, se dejó establecida la fecha del 30 de julio para el conocimiento de la próxima revisión obligatoria de la medida de coerción, quedando todas las partes debidamente citadas. Con esta decisión, el Ministerio Público gana tiempo para fortalecer su expediente mientras los acusados permanecen bajo custodia estatal.