
Pastor: Darío Mateo Mora
La discusión sobre la explotación minera en San Juan de la Maguana ha dejado al descubierto una preocupante realidad: una brecha profunda entre quienes toman decisiones desde escritorios lejanos y quienes viven las consecuencias en la tierra que habitan. Mi desacuerdo con este proyecto no nace de una postura ideológica superficial, sino de una convicción ética, ambiental y social profundamente arraigada.
Resulta evidente que muchos de los burócratas que promueven esta iniciativa lo hacen bajo una lógica reduccionista, centrada casi exclusivamente en indicadores financieros. Hablan de inversión, crecimiento económico y desarrollo, pero omiten deliberadamente los costos reales que esta explotación traerá consigo. No se trata simplemente de números en una hoja de cálculo; se trata de vidas humanas, ecosistemas frágiles y el futuro de una región históricamente productiva.
San Juan no es solo un territorio rico en minerales; es una de las principales zonas agrícolas del país, un valle fértil que sostiene la seguridad alimentaria de miles de familias. La minería, especialmente a gran escala, implica riesgos comprobados: contaminación de fuentes de agua, degradación del suelo, desplazamiento de comunidades y afecciones irreversibles a la biodiversidad. Estos no son escenarios hipotéticos, sino realidades documentadas en múltiples contextos donde se han implementado proyectos similares.
Lo más alarmante es la ligereza con la que algunos funcionarios desestiman estas consecuencias. En su afán por presentar resultados económicos a corto plazo, parecen ignorar que los daños ambientales suelen ser permanentes y que los beneficios económicos, en muchos casos, son temporales y concentrados en pocos actores. ¿De qué sirve un crecimiento económico que destruye la base misma que sustenta la vida y la producción local?
Además, este tipo de decisiones revela una preocupante desconexión con las comunidades afectadas. La voz del pueblo de San Juan debe ser escuchada, respetada y tomada en cuenta. No es ético ni sostenible imponer proyectos que transforman radicalmente el entorno sin un consenso social legítimo.
Este no es un llamado al estancamiento ni al rechazo del desarrollo, sino a un modelo de progreso responsable, sostenible y centrado en el bienestar integral. El verdadero desarrollo no sacrifica el futuro por ganancias inmediatas; lo construye con visión, respeto y justicia.
San Juan merece ser protegida, no explotada. Merece políticas que fortalezcan su vocación agrícola, que cuiden sus recursos naturales y que dignifiquen a su gente. La historia juzgará no solo las decisiones que se tomen hoy, sino también el silencio de quienes, pudiendo alzar la voz, eligieron callar.










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