Dary Terrero
La jueza Isis Muñiz dispuso que el imputado cumpla la medida en Najayo Hombres; el Ministerio Público lo acusa de recibir 10 mil dólares de un testigo en el caso Senasa.
SANTO DOMINGO. – La jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, impuso tres meses de prisión preventiva al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, quien es procesado por presuntamente recibir un soborno de 10 mil dólares por parte de un testigo vinculado al caso de corrupción del Servicio Nacional de Salud (Senasa).
Tras una audiencia que se extendió por más de diez horas, la magistrada —quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional— acogió de manera parcial el pedimento presentado por el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, y el fiscal Andrés Mena.
Medida de coerción e incidentes
El imputado, quien se desempeñaba bajo las órdenes de la Pepca, deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres. La revisión obligatoria de esta coerción quedó fijada para el próximo 29 de julio.
Durante el proceso, la jueza rechazó diversos incidentes planteados por la defensa técnica, encabezada por los abogados Albert Delgado y Valentín Medrano, quienes solicitaron:
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Apartar al procurador adjunto Wilson Camacho del conocimiento de la medida.
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La nulidad de la investigación realizada por Camacho y la procuradora Yeni Berenice Reynoso.
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Que el proceso fuera público permitiendo el acceso a los medios de comunicación.
La defensa argumentó que la solicitud de medida debía ser firmada por el procurador de la Corte de Apelación, José del Carmen Sepúlveda, por ser la autoridad con jurisdicción, pedimento que también fue desestimado.
El caso y riesgo de obstrucción
El Ministerio Público señala a Valdez Alcántara por recibir dinero en efectivo de Roberto Canaán, testigo clave en el entramado de corrupción del Seguro Nacional de Salud. Originalmente, el órgano persecutor solicitó un año de prisión preventiva, fundamentando su petición en el alto riesgo de que el procesado pudiera influir u obstaculizar las investigaciones aprovechando su posición dentro del sistema de justicia.
Dary Terrero
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