CAMIPE y CONEP advierten riesgos por la suspensión del proyecto minero Romero

El sector empresarial señala que la paralización del Estudio de Impacto Ambiental afecta la seguridad jurídica y subraya la urgencia de una nueva Ley de Minería.

SANTO DOMINGO. – La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) expresaron su preocupación ante la reciente decisión gubernamental de suspender el proyecto minero Romero en San Juan de la Maguana. Según ambas organizaciones, la medida —motivada por el rechazo social en la zona— genera incertidumbre sobre el respeto a los procesos institucionales y la evidencia científica en el país.

Para CAMIPE, resulta alarmante que la disposición implique la paralización de un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) que ya había sido autorizado previamente. La Cámara enfatizó que detener esta evaluación no protege el medioambiente, sino que lo priva del análisis técnico riguroso necesario para garantizar estándares internacionales de sostenibilidad.

Cuestionan falta de seguridad jurídica

El vicepresidente ejecutivo del CONEP, Cesar Dargam, manifestó su desacuerdo con la medida presidencial, señalando que el potencial de una minería responsable en la República Dominicana es inmenso siempre que exista un equilibrio social, ambiental y económico. Dargam advirtió que las decisiones de alto impacto deben sustentarse en criterios técnicos y no solo en la percepción social.

Por su parte, el sector minero destacó su relevancia económica tras registrar un crecimiento del 7.7 % en el primer trimestre de 2026, consolidándose como un motor clave de inversión y empleo.

Urgencia de un nuevo marco legal

Tanto CAMIPE como el CONEP coincidieron en que esta situación evidencia la necesidad de una nueva Ley de Minería que ofrezca reglas claras y seguridad jurídica coherentes con el Plan META 2036.

A pesar de las discrepancias, el sector privado valoró la vocación de diálogo del presidente Luis Abinader y ofreció su experiencia técnica para buscar un consenso que incluya a las comunidades, la academia y los especialistas. “República Dominicana no debe escoger entre desarrollo y protección ambiental. Debe seguir construyendo una minería responsable y técnicamente evaluada”, concluyó la Cámara Minera.