La Cuaba exige a Abinader aplicar la “fórmula San Juan” para frenar vertedero

Organizaciones comunitarias y ecológicas demandan la detención definitiva de la planta de desechos, alegando que el proyecto vulnera la Constitución y amenaza el ecosistema local.

Tras la reciente decisión del Poder Ejecutivo de suspender el proyecto minero Romero en San Juan de la Maguana, diversas organizaciones del distrito municipal de La Cuaba han elevado un llamado urgente al presidente Luis Abinader para que adopte una medida similar en su demarcación. Los comunitarios exigen la detención inmediata de la planta de valorización de desechos y relleno sanitario proyectada en la calle principal de El Aguacate.

Las organizaciones denunciantes califican el permiso otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente como un “crimen ambiental”, argumentando que tanto el órgano rector como el Ejecutivo están violando la Constitución de la República al autorizar una obra que pone en riesgo fuentes hídricas y el desarrollo ecoturístico de la zona.

Inspiración en el precedente de San Juan

La movilización en La Cuaba ha tomado un nuevo impulso tras el éxito de las protestas en San Juan. Los residentes sostienen que, al igual que en el caso minero, en su comunidad existe un rechazo social unánime y una falta de “licencia social” que hace inviable el proyecto.

• Huelga de brazos caídos: Este miércoles, la comunidad amaneció con comercios cerrados y una fuerte presencia policial en puntos estratégicos, reflejando la tensión que se vive en el sector.

• Amenaza ambiental: Los manifestantes advierten que el vertedero contaminaría afluentes vitales y destruiría el modelo de negocios basado en el turismo ecológico que sostiene a cientos de familias.

Conflicto jurídico y social

El proyecto, impulsado por la empresa Oakhouse, ha estado envuelto en una batalla legal desde 2023. Aunque inicialmente fue desestimado, una sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) en 2025 ordenó revisar el caso, reabriendo la posibilidad de su ejecución, lo que disparó las alarmas entre los vecinos.

Mientras algunos sectores minoritarios defienden la planta bajo la promesa de generación de empleos, la mayoría de las juntas de vecinos y empresarios locales insisten en que el costo ambiental y de salud será irreparable. “No queremos mar de basura, queremos paz y desarrollo turístico”, expresaron líderes comunitarios durante las manifestaciones frente al Palacio Nacional.