Mientras la Sisalril asegura que el proyecto se ha discutido con todos los sectores, la CASC afirma que aún desconocen la iniciativa y reclama pensiones dignas y cobertura total de medicamentos.

SANTO DOMINGO. – El camino hacia la reforma de la Ley 87-01, que regula el Sistema Dominicano de Seguridad Social, enfrenta nuevas tensiones. Durante la celebración del 25 aniversario de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) en el Congreso Nacional, el titular de la entidad, Miguel Ceara Hatton, y el dirigente sindical Gabriel del Río, presidente de la CASC, escenificaron posturas encontradas sobre el avance del consenso para esta pieza legislativa.
Ceara Hatton afirmó que el Gobierno prepara una propuesta robusta a través del Consejo Económico y Social (CES) y aseveró que se han realizado reuniones con confederaciones y sindicatos. Sin embargo, Del Río desmintió estas declaraciones, asegurando que el sector trabajador aún está a la espera de conocer formalmente el contenido de la iniciativa gubernamental.
Pensiones y medicamentos: los puntos de honor
Representantes de los trabajadores, como Rafael “Pepe” Abreu, expresaron que el modelo actual es insuficiente y debe evolucionar para garantizar la protección real del asalariado. Las principales demandas del sector sindical incluyen:
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Mejora de las pensiones: Denuncian que, tras 30 años de labor, los empleados solo reciben entre un 22% y 25% de su salario como pensión, lo cual consideran inaceptable.
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Eliminación del ahorro individual: Proponen un modelo que no dependa exclusivamente de lo ahorrado por el empleado.
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Cobertura total: Exigen que la seguridad social garantice el suministro integral de medicamentos y atención especializada, eliminando las limitaciones del catálogo actual.
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Atención Primaria: Señalan la implementación de la atención primaria como un paso fundamental para reducir los altos costos que pagan los afiliados.
Una reforma que no llega
A pesar de que la transformación de la Seguridad Social fue una meta trazada por el presidente Luis Abinader desde agosto de 2021, el proyecto sigue en la lista de objetivos pendientes tras seis años de gestión.
Aunque se conformó una comisión bicameral para estudiar 16 iniciativas distintas y se iniciaron encuentros en abril del año pasado, los legisladores no se reúnen para tratar el tema desde el pasado 24 de noviembre. La Ley 87-01, vigente desde hace más de dos décadas, continúa estancada en el Congreso Nacional a la espera de un consenso definitivo entre el Estado, los empresarios y los trabajadores.










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