Dary Terrero
SANTO DOMINGO. – Bajo el lema “¡Que la dignidad comience por casa!”, jueces, juezas y servidores judiciales que operan en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hicieron público un contundente reclamo por lo que califican como una “crisis de precariedad” que, aseguran, debilita progresivamente el sistema de justicia dominicano.
A través del documento “Manifiesto por la Dignidad de la Justicia”, leído por la magistrada Suinda Brito tras la entonación de los himnos Nacional y del Poder Judicial, el colectivo denunció que la administración de justicia se sostiene actualmente solo por el sacrificio personal de su capital humano, ante la falta de condiciones materiales e institucionales básicas.
Una lista de carencias críticas
El manifiesto desglosa una serie de deficiencias operativas que, según los firmantes, entorpecen la eficiencia del sistema:
Déficit de personal: La falta crítica de jueces y empleados administrativos provoca que el personal actual asuma la carga laboral de hasta cuatro personas.
Salarios desactualizados: Denuncian que las remuneraciones no corresponden a la alta responsabilidad de los cargos ni al costo de vida actual.
Fuga de talento: El desgaste laboral crónico ha provocado una salida constante de personal administrativo.
Abandono de infraestructura: Alertaron sobre el deterioro severo en las plantas físicas de los tribunales y la falta de protocolos de seguridad en los recintos judiciales.
Críticas a la gestión presupuestaria
Uno de los puntos más álgidos del documento es la denuncia sobre la disparidad económica interna. Los manifestantes cuestionaron que, mientras los juzgados operan con carencias básicas, la alta dirección destina presupuestos millonarios a gastos de publicidad, viajes, eventos y contrataciones de figuras públicas.
Como ejemplo de lo que catalogaron como una “gestión de prioridades cuestionable”, citaron la inversión de cerca de 11 millones de pesos en la instalación de un árbol navideño institucional, cifra que calificaron como una “ofensa” ante las urgencias operativas que enfrenta el sistema.
Rechazo a la respuesta del Consejo del Poder Judicial
El colectivo judicial fue enfático al señalar que esta protesta es el resultado de años de “silencio, indiferencia y desdén” ante los canales institucionales. Asimismo, rechazaron formalmente la respuesta emitida por el Consejo del Poder Judicial (CPJ) el pasado 19 de mayo, calificándola de “imprecisa e ineficaz”.
Los magistrados argumentaron que las promesas de indexación salarial quedaron condicionadas a un presupuesto complementario incierto, mientras que las propuestas de movilidad judicial se limitaron a una “hoja de ruta” sin plazos ni acciones concretas.
“No habrá justicia verdadera sin dignidad”
El manifiesto concluye con una advertencia clara: los servidores judiciales aseguran que este movimiento es apenas el inicio de una lucha sostenida.
“No puede haber Estado de Derecho donde el derecho se aplica a todos, menos a quienes lo custodian. No puede haber dignidad para el ciudadano si el juez que lo escucha, el alguacil que notifica, el secretario que certifica y el conserje que abre las puertas del tribunal cada mañana, no tienen dignidad propia”, sentenciaron los firmantes, reafirmando que no cesarán en su exigencia hasta obtener soluciones ejecutables y hechos concretos.
SANTO DOMINGO. – Bajo el lema “¡Que la dignidad comience por casa!”, jueces, juezas y servidores judiciales que operan en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hicieron público un contundente reclamo por lo que califican como una “crisis de precariedad” que, aseguran, debilita progresivamente el sistema de justicia dominicano.
A través del documento “Manifiesto por la Dignidad de la Justicia”, leído por la magistrada Suinda Brito tras la entonación de los himnos Nacional y del Poder Judicial, el colectivo denunció que la administración de justicia se sostiene actualmente solo por el sacrificio personal de su capital humano, ante la falta de condiciones materiales e institucionales básicas.
Una lista de carencias críticas
El manifiesto desglosa una serie de deficiencias operativas que, según los firmantes, entorpecen la eficiencia del sistema:
-
Déficit de personal: La falta crítica de jueces y empleados administrativos provoca que el personal actual asuma la carga laboral de hasta cuatro personas.
-
Salarios desactualizados: Denuncian que las remuneraciones no corresponden a la alta responsabilidad de los cargos ni al costo de vida actual.
-
Fuga de talento: El desgaste laboral crónico ha provocado una salida constante de personal administrativo.
-
Abandono de infraestructura: Alertaron sobre el deterioro severo en las plantas físicas de los tribunales y la falta de protocolos de seguridad en los recintos judiciales.
Críticas a la gestión presupuestaria
Uno de los puntos más álgidos del documento es la denuncia sobre la disparidad económica interna. Los manifestantes cuestionaron que, mientras los juzgados operan con carencias básicas, la alta dirección destina presupuestos millonarios a gastos de publicidad, viajes, eventos y contrataciones de figuras públicas.
Como ejemplo de lo que catalogaron como una “gestión de prioridades cuestionable”, citaron la inversión de cerca de 11 millones de pesos en la instalación de un árbol navideño institucional, cifra que calificaron como una “ofensa” ante las urgencias operativas que enfrenta el sistema.
Rechazo a la respuesta del Consejo del Poder Judicial
El colectivo judicial fue enfático al señalar que esta protesta es el resultado de años de “silencio, indiferencia y desdén” ante los canales institucionales. Asimismo, rechazaron formalmente la respuesta emitida por el Consejo del Poder Judicial (CPJ) el pasado 19 de mayo, calificándola de “imprecisa e ineficaz”.
Los magistrados argumentaron que las promesas de indexación salarial quedaron condicionadas a un presupuesto complementario incierto, mientras que las propuestas de movilidad judicial se limitaron a una “hoja de ruta” sin plazos ni acciones concretas.
“No habrá justicia verdadera sin dignidad”
El manifiesto concluye con una advertencia clara: los servidores judiciales aseguran que este movimiento es apenas el inicio de una lucha sostenida.
“No puede haber Estado de Derecho donde el derecho se aplica a todos, menos a quienes lo custodian. No puede haber dignidad para el ciudadano si el juez que lo escucha, el alguacil que notifica, el secretario que certifica y el conserje que abre las puertas del tribunal cada mañana, no tienen dignidad propia”, sentenciaron los firmantes, reafirmando que no cesarán en su exigencia hasta obtener soluciones ejecutables y hechos concretos.
Dary Terrero
Agregar comentario