Steffany Baez
Seis meses después de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores durante un ataque militar de Estados Unidos en Caracas y regiones aledañas, Venezuela enfrenta hoy una de las peores catástrofes de su historia reciente: los terremotos que dejaron al menos 2,595 muertos y más de 12,000 heridos.
La tragedia ha puesto en suspenso el proceso de reformas institucionales y el camino hacia unas eventuales elecciones, en un país que ya atravesaba una prolongada crisis política, económica y social.
Impacto devastador
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima que los daños físicos equivalen a 6,700 millones de dólares, alrededor del 6 % del PIB venezolano. El Gobierno cifra en más de 12,800 las personas sin vivienda, principalmente en el estado costero de La Guaira, el más golpeado por los sismos.
La infraestructura del país, deteriorada tras años de corrupción y falta de mantenimiento, ha agravado el impacto de la catástrofe, que ha enlutado a miles de familias y generado una emergencia nacional.
Gobierno en prueba
La presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió tras la captura de Maduro, enfrenta ahora el reto de coordinar la atención a las víctimas y la reconstrucción, en paralelo al plan de tres fases diseñado por la Administración de Donald Trump para Venezuela: estabilización, recuperación y transición.
Washington asegura que su plan “permanece intacto”, aunque la emergencia ha desplazado la atención de las reformas hacia la asistencia humanitaria.
Reformas en suspenso
En los seis meses previos, Rodríguez había promovido la apertura de sectores como el petrolero, minero y eléctrico a la inversión privada y extranjera, desmontado progresivamente el gabinete de Maduro y renovado el alto mando militar. También impulsó una amnistía y excarcelaciones de presos políticos, además de anunciar reformas en el sistema de justicia penal.
La semana anterior a los terremotos, Estados Unidos había dado un paso hacia la tercera fase de su plan, con el envío de la opositora Dinorah Figuera a Caracas para iniciar conversaciones con el chavismo, dejando al margen a la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, quien insiste en que tiene la responsabilidad de dirigir la negociación.
Debate constitucional
El 4 de julio se cumplen los 180 días de interinato previstos por la Constitución para suplir la falta temporal del mandatario. El Parlamento, controlado por el chavismo, debe decidir si se declara la ausencia absoluta, lo que implicaría convocar elecciones en un plazo de 30 días.
Sin embargo, el Tribunal Supremo ya había declarado que la ausencia de Maduro se dio en una “situación excepcional, atípica y de fuerza mayor”, ordenando que Rodríguez asumiera la Presidencia encargada sin definir si la falta era temporal o absoluta.
Solidaridad internacional
La emergencia ha acelerado la apertura de Venezuela al mundo. Países tradicionalmente adversos al chavismo, como El Salvador, Ecuador, Chile, Panamá, Argentina, Guyana e Israel, han enviado ayuda humanitaria, equipos de rescate y personal médico.
La Administración Trump asegura que “mantiene su compromiso de apoyar a los afectados y trabajar junto a socios para ayudar a las familias a reunirse, brindar asistencia y llevar esperanza donde más se necesita”.
La tragedia también ha facilitado la entrada de medios extranjeros, antes limitada por trámites de visa, lo que ha incrementado la cobertura internacional sobre la crisis venezolana.
Dary Terrero
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