La Comisión Especial del Senado encargada de estudiar el proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional concluyó el análisis de la iniciativa que introducía cambios dirigidos a fortalecer la supervisión, la transparencia, el régimen disciplinario y la modernización de la institución.
Evaluación y modificaciones
El presidente de la comisión, el senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, informó que durante el proceso fueron evaluados y modificados diversos artículos del proyecto con el propósito de reforzar la profesionalización y la eficiencia de la Policía Nacional.
Entre las principales modificaciones figuraba la reafirmación de que el presidente de la República ejercería el mando supremo de la Policía Nacional, de manera directa o a través del Ministerio de Interior y Policía, fortaleciendo el principio de subordinación de la institución al poder civil.
Dirección de Asuntos Internos
La propuesta también ampliaba las atribuciones de la Dirección de Asuntos Internos, que además de investigar tendría facultades para supervisar operaciones encubiertas, realizar pruebas de integridad al personal, controlar el manejo de información reservada y presentar informes sobre casos de corrupción y posibles vínculos de agentes con estructuras criminales.
Consejo Superior Policial
Otro de los cambios fortalecía las funciones del Consejo Superior Policial, al que se le asignaban nuevas competencias relacionadas con el seguimiento de indicadores de gestión, la aprobación de proyectos de modernización, infraestructura, tecnología y presupuesto, así como la evaluación de ascensos, retiros y traslados de oficiales.
Eliminación de asignaciones privadas
La iniciativa también eliminaba las asignaciones permanentes de agentes policiales a empresas privadas, corporaciones y fundaciones, limitando ese servicio únicamente a instituciones públicas. Además, contemplaba sanciones administrativas, civiles y penales para las autoridades que destinaran policías a funciones ajenas a la seguridad pública.
Garantías ciudadanas
En materia de registros preventivos, el proyecto incorporaba nuevas garantías para los ciudadanos, entre ellas la prohibición de realizar inspecciones basadas en perfiles raciales o estereotipos, el uso obligatorio de cámaras corporales durante el procedimiento, el derecho de los ciudadanos a grabar las actuaciones policiales y la prohibición de desnudos forzados o tocamientos en zonas íntimas.
Régimen disciplinario
La reforma también planteaba una reestructuración del régimen disciplinario, al separar las funciones de investigación y decisión en los procesos internos, además de ampliar el catálogo de faltas muy graves para incluir conductas relacionadas con corrupción, acoso sexual y laboral, manipulación de evidencias digitales, discriminación y otras violaciones al régimen institucional.
Régimen de pensiones
Asimismo, el proyecto modificaba el régimen transitorio de pensiones con el objetivo de armonizar los derechos adquiridos por los miembros que ingresaron bajo legislaciones anteriores con el nuevo Plan Especial de Pensiones de la Policía Nacional.










Agregar comentario