Sentencia de Nueva York fue homologada en RD

La Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional acogió la solicitud de exequátur presentada por Latin Events, LLC, otorgando fuerza ejecutoria en territorio dominicano a la sentencia dictada el 21 de noviembre de 2025 por la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, presidida por el juez P. Kevin Castel.

Condena contra la JCE

La decisión, contenida en el Auto núm. 036-2026-SAUT-00294, condena a la Junta Central Electoral (JCE) al pago de US$838,337.50 a favor de Latin Events, LLC, por concepto de servicios logísticos prestados para eventos institucionales realizados en el extranjero y que, según la sentencia, no fueron pagados. Además, ordena el pago de US$48,370.93 por intereses previos al juicio y US$20,628.00 por intereses posteriores, conforme al 28 U.S.C. § 1961.

Sentencia en rebeldía

El tribunal estadounidense dictó la sentencia en rebeldía tras verificar que la JCE fue debidamente notificada en una oficina funcional en Nueva York y que optó por no comparecer ni ejercer su defensa. Una vez vencido el plazo para apelar sin que la institución interpusiera recurso alguno, la decisión adquirió carácter definitivo e irrevocable, lo que permitió solicitar su homologación en República Dominicana.

Homologación en RD

El tribunal dominicano verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley núm. 544-14 sobre Derecho Internacional Privado, constatando que la sentencia extranjera estaba debidamente apostillada, traducida y que no contravenía el orden público dominicano. En este proceso, Latin Events, LLC estuvo representada por el abogado Julio Cury.

Declaraciones

“Esta decisión confirma que cuando un ente público contrata en el extranjero, no adquiere inmunidad frente al incumplimiento. La JCE no tiene más alternativa que pagar y, si se resiste, no solo será constreñida mediante la vía de los embargos, sino que también podrá ser demandada por responsabilidad patrimonial, al constituir el impago voluntario una omisión administrativa antijurídica causante de daños autónomos”, expresó Cury.