El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) encabezó la primera Reunión Ministerial de Alto Nivel de Articulación de Acciones por la Seguridad Vial, un encuentro que reunió a autoridades del Gobierno, organismos internacionales y especialistas con el propósito de coordinar estrategias para reducir los accidentes de tránsito en la República Dominicana.
Durante la actividad, celebrada en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), fueron presentados los mecanismos de implementación del Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial (PENSV) 2025-2030, además de conformarse mesas permanentes de trabajo y designarse los enlaces institucionales encargados de dar seguimiento a las acciones priorizadas.
El director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, afirmó que la seguridad vial requiere el compromiso de todas las instituciones del Estado y destacó que el trabajo conjunto permitirá fortalecer las políticas orientadas a salvar vidas y promover una movilidad más segura.
El encuentro contó con la participación del enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, Jean Todt; el viceministro de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié; representantes del Sistema de las Naciones Unidas, la OPS/OMS, ministros del Gobierno y especialistas internacionales, quienes coincidieron en la necesidad de reforzar la cooperación y el intercambio de buenas prácticas.
Como parte de los avances presentados, el Intrant informó la creación de cinco Mesas Locales de Seguridad Vial, la realización de más de 55 mil pruebas de alcoholemia, la identificación de 25 puntos críticos de siniestralidad, el inicio del Plan de Reducción de Velocidad y el desarrollo del programa Entornos Escolares Seguros en 287 centros educativos.
Asimismo, destacó la capacitación de más de 1,000 conductores, la formación de agentes de la Digesett y la firma de un acuerdo entre 14 instituciones para fortalecer el intercambio de datos sobre siniestralidad vial, con el objetivo de respaldar la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas basadas en evidencia.










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