Las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazaron para el próximo 3 de septiembre el inicio del juicio de fondo contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), y otros acusados de presuntos actos de corrupción administrativa relacionados con la contratación para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La decisión fue adoptada por las magistradas Arlín Ventura, presidenta del tribunal; Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, quienes suspendieron la audiencia para garantizar el ejercicio de la defensa técnica de algunos de los imputados.
Entre las razones tomadas en cuenta estuvo el cambio de abogados de varios acusados y la situación de uno de ellos, quien se presentó al tribunal sin contar con su defensa técnica.
En el caso de Manuel Eduardo Mora Vásquez, su defensa informó que no continuará representándolo. Ante esta situación, el tribunal le concedió un plazo de 48 horas para que deposite por secretaría el nombre y domicilio de su nuevo abogado.
Las juezas advirtieron que, si transcurre ese plazo sin que Mora Vásquez presente una nueva defensa, se solicitará la designación de un defensor público para garantizar su representación durante el proceso.
Asimismo, Mariano Gustini y la empresa PagoRD Xchange, que también realizaron cambios en sus equipos legales, dispondrán del período concedido por el tribunal para coordinar sus nuevas estrategias de defensa.
Durante la audiencia, las magistradas rechazaron además las solicitudes de reposición de plazos presentadas por algunas de las partes imputadas, al considerar que no procedían conforme a las disposiciones del artículo 334 del Código Procesal Penal.
El tribunal también ordenó la conducencia de los testigos que fueron debidamente citados y no comparecieron ni presentaron una excusa formal. Esta medida permitirá que sean conducidos de manera obligatoria cuando sean requeridos para declarar.
En cuanto a los testigos propuestos por el Ministerio Público, el órgano acusador asumió el compromiso de presentarlos de acuerdo con el calendario y el orden de las pruebas previamente anunciado.
¿De qué se acusa a los imputados?
La acusación del Ministerio Público atribuye a los procesados una estructura que habría utilizado empresas y distintos mecanismos para cometer presuntas irregularidades en contrataciones públicas y manejar recursos vinculados a la modernización de la red semafórica y otros sistemas tecnológicos del Gran Santo Domingo.
De acuerdo con el expediente, José Ángel Gómez Canaán es señalado como supuesto beneficiario de contratos que el Ministerio Público considera fraudulentos y como una de las personas que habría tenido control sobre sistemas semafóricos, videovigilancia y otras plataformas tecnológicas.
A Hugo Beras, quien dirigió el Intrant, la acusación le atribuye presuntamente haber facilitado adjudicaciones a empresas que, según el órgano acusador, no contaban con la capacidad técnica requerida, además de su supuesta participación en otras acciones relacionadas con la red semafórica y el sistema de videovigilancia.
El Ministerio Público también señala a Frank Díaz Warden por presunta manipulación de licitaciones y decisiones del Comité de Compras; a Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda por supuestas irregularidades en certificaciones y aspectos técnicos; y a Juan Francisco Álvarez Carbuccia por la presunta emisión de certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria.
Asimismo, Pedro Vinicio Padovani Báez es señalado por su presunta participación en la supervisión del centro de control de tráfico y en operaciones que el Ministerio Público vincula con licitaciones, lavado de activos y sabotaje.
Carlos José Peguero Vargas es señalado por supuestas operaciones financieras a través de Inprosol S.R.L., mientras que Mariano Gustini y Manuel Eduardo Mora Vázquez, vinculados a PagoRD Xchange, son señalados en la acusación como presuntos testaferros utilizados para ocultar la propiedad de la empresa y movilizar fondos.
Henry Darío Feliz Cassó también figura en el expediente como supuesto intermediario financiero en operaciones que el Ministerio Público vincula con el desvío y lavado de fondos públicos.
La acusación también involucra a varias empresas, entre ellas Transcore Latam S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L., Dekolor S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L. y OML Inversiones S.R.L., a las que el Ministerio Público atribuye distintos niveles de participación en las operaciones investigadas.
Entre los delitos incluidos en la acusación figuran, según el expediente, presunto lavado de activos, desfalco, asociación de malhechores y estafa en perjuicio del Estado dominicano, además de otros cargos relacionados con sabotaje, delitos de alta tecnología, contrabando, uso de documentos y violaciones a distintas legislaciones.
No obstante, estos señalamientos forman parte de la acusación presentada por el Ministerio Público y deberán ser debatidos y probados durante el juicio, por lo que la responsabilidad penal de los imputados no está determinada hasta que exista una decisión judicial definitiva.
El juicio de fondo está previsto para comenzar el 3 de septiembre de 2026, cuando el tribunal retomará el conocimiento del proceso y dará inicio a la fase destinada a discutir las pruebas y argumentos de las partes.