El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, espera este lunes que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declare la extinción de la acción penal en su contra, alegando que el proceso judicial ha excedido los plazos máximos establecidos por la legislación dominicana y por los estándares internacionales sobre el derecho a ser juzgado dentro de un tiempo razonable.
Durante la audiencia, Rodríguez fundamentó su solicitud en las leyes nacionales, así como en disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El exfuncionario sostuvo que las dilaciones registradas durante el proceso son atribuibles exclusivamente al Estado y no a las actuaciones de su defensa, por lo que, a su juicio, el tribunal está jurídicamente obligado a declarar la extinción de la acción penal.
En respuesta, la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, solicitó el rechazo de la petición y citó el artículo 146 del Código Procesal Penal, que establece los criterios para determinar si un proceso ha excedido un plazo razonable. Ortiz explicó que los jueces deben valorar aspectos como la complejidad del caso, la conducta de las partes y la actuación de las autoridades, señalando que el expediente contra Rodríguez presenta un alto nivel de complejidad por el volumen de las actuaciones, la cantidad de imputados, la diversidad de pruebas y las múltiples diligencias realizadas.
El procurador adjunto Wilson Camacho afirmó que la defensa del exprocurador solo busca retardar el proceso ante la falta de argumentos para enfrentar las pruebas que, según el Ministerio Público, lo vinculan con la presunta sustracción de fondos públicos.
Los abogados de Rodríguez son Carlos Balcácer y Nelly Rivas, mientras que la decisión sobre la solicitud de extinción está a cargo de las juezas Claribel Nivar Arias, Clara Zobeida Castillo y Yissel Soto.
Según la acusación del Ministerio Público, Rodríguez habría encabezado una estructura que presuntamente malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, período en el que se desempeñó como procurador general de la República. El expediente involucra a 41 personas físicas y 22 empresas, además de más de 400 testigos, y contiene 12,274 páginas con más de 3,500 elementos de prueba.
El tribunal deberá decidir si corresponde declarar la extinción de la acción penal o si el proceso continuará su curso judicial, en lo que se considera uno de los casos de corrupción administrativa de mayor magnitud en la historia reciente del país.