Un tribunal penal sirio condenó este martes a muerte a Wassim al Asad, primo del derrocado presidente Bachar al Asad, tras hallarlo culpable de crímenes de guerra y contra la humanidad.
La sentencia fue emitida por el Cuarto Tribunal Penal de Damasco, el mismo que la semana pasada condenó en rebeldía a Bachar al Asad, exiliado en Rusia, y a su hermano Maher al Asad.
Crímenes atribuidos
Durante una audiencia televisada, el juez Fakhr al Din al Uryan declaró que Wassim al Asad fue responsable de planificar y participar en las matanzas de Guta Oriental y Mleha, además de chantajes, amenazas y disparos contra civiles desde 2011, cuando comenzaron las revueltas populares en Siria.
El tribunal lo halló culpable de asesinatos premeditados, torturas y actos constitutivos de crímenes contra la humanidad, imponiéndole la pena capital y ordenando la confiscación de sus bienes. También se instruyó a la Fiscalía y al comité de desaparecidos abrir expedientes sobre personas cuyo paradero sigue sin esclarecerse.
Detención y vínculos
Wassim al Asad fue detenido en junio de 2025 durante una emboscada cerca de la frontera con el Líbano. Era señalado como figura clave en una red regional de narcotráfico de captagon vinculada al financiamiento del antiguo régimen, aunque el tribunal descartó por ahora cargos relacionados con drogas por falta de pruebas.
A diferencia de Bachar y Maher al Asad, Wassim compareció personalmente durante todo el proceso judicial iniciado el 24 de junio, bajo cargos de asesinato, narcotráfico y delitos contra la seguridad nacional. Su defensa solicitó clemencia, alegando que no debía recibir la pena de muerte.
Debate legal
Expertos en derechos humanos han cuestionado el marco jurídico de la sentencia, ya que Siria no ha promulgado una ley de justicia transicional y los procesos se desarrollan bajo el Código Penal de 1949. Organizaciones internacionales advierten que esto genera dudas sobre las garantías procesales y la legitimidad de las condenas.
Contexto político
La condena contra Wassim se produce en medio de una ofensiva judicial de las nuevas autoridades sirias contra antiguos integrantes y colaboradores del régimen de Bachar al Asad, derrocado tras más de una década de conflicto armado.
Este fallo marca un nuevo capítulo en los esfuerzos por responsabilizar a figuras del antiguo régimen por las atrocidades cometidas durante la guerra civil, aunque persisten interrogantes sobre la transparencia y la legalidad de los procesos.