El exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz y otros 34 acusados comenzarán este miércoles a enfrentar el juicio de fondo por un presunto entramado de corrupción administrativa, al que el Ministerio Público atribuye un fraude contra el Estado superior a los RD$19,000 millones.
El proceso llega a esta nueva etapa luego de que el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenara la apertura a juicio contra 35 de los 40 imputados incluidos en el expediente, al considerar que el órgano acusador presentó elementos suficientes para que sean sometidos al debate de fondo.
Los acusados y las imputaciones
Entre quienes deberán responder ante el tribunal figuran, además de Guerrero, el abogado Ángel Lockward y varias empresas, así como el excontralor Daniel Omar de Jesús Camacho Santana; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirillo McCabe; el director de Catastro, Claudio Silver Peña, y el exdirector de Casinos, Julián Omar Fernández Figueroa.
También fueron enviados a juicio Princesa Alexandra García Medina; Yahaira Brito Evangelista; Edwin Oscar Brito; Mabel Mejía; Nathaly Hernández Guzmán; Kimberly Zayas Martínez; Marino Cabrera; Agustín Mejía Ávila; César Santana; Omar Miqui Arias; Alejandro Constanzo Sosa y Juan Tomás Polanco Céspedes, entre otros procesados.
De acuerdo con la acusación, los imputados habrían formado parte de una estructura que utilizó distintas instituciones públicas para desviar recursos millonarios mediante operaciones irregulares. Parte de los fondos se movilizaron a través de pagos relacionados con expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, mientras otro componente habría operado mediante el pago de sobornos y la utilización de recursos para financiar de manera ilícita la campaña electoral de 2020.
El Ministerio Público también señaló irregularidades en el pago de deudas contraídas por distintas instituciones estatales, así como un esquema vinculado a los juegos de azar sujetos a regulación del Ministerio de Hacienda.
A los procesados se les atribuyen delitos como asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos.
Pruebas y recursos del Ministerio Público
Para sustentar su teoría del caso, el órgano persecutor depositó más de 1,278 medios de prueba, entre documentos, testimonios y otros elementos que serán sometidos a contradicción durante el juicio.
Aunque 35 de los 40 acusados fueron enviados a juicio, el Ministerio Público manifestó su desacuerdo con la decisión de dictar autos de no ha lugar a favor del exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo Terrero, y otros tres procesados.
El procurador adjunto y titular de la Dirección General de Persecución, Wilson Camacho, consideró que el tribunal realizó una valoración incorrecta de determinadas pruebas y anunció que el órgano acusador acudirá a la vía recursiva.
Camacho sostuvo que la jueza Altagracia Ramírez tomó en consideración testimonios ofrecidos por Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), Fernando Crisóstomo y José Antonio Ureña, pero no habría valorado adecuadamente esos mismos elementos al momento de emitir los autos de no ha lugar.
El procurador también cuestionó que uno de los acusados fuera favorecido pese a que, según explicó, el Ministerio Público presentó un documento escrito de puño y letra que vinculaba a varias personas con los hechos investigados.
Guerrero como figura central
El Ministerio Público señala a Donald Guerrero como una de las figuras centrales de la presunta estructura corrupta. Según la acusación, desde el Ministerio de Hacienda se habría articulado parte importante del mecanismo utilizado para gestionar y efectuar pagos irregulares que afectaron las finanzas públicas.
La investigación fue puesta en marcha el 18 de marzo de 2023, cuando las autoridades realizaron 40 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, que derivaron en el arresto de varios exfuncionarios y particulares.
Tras concluir la fase preliminar, el tribunal determinó que existían elementos suficientes para llevar a juicio a 35 de los acusados. Las defensas habían solicitado la nulidad del expediente y la extinción de la acción penal, planteamientos que fueron rechazados.
Con el inicio del juicio de fondo, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Arlyn Ventura, Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, deberá escuchar la presentación de las pruebas de las partes y determinar, al final del proceso, si los acusados son penalmente responsables de los hechos que les atribuye el Ministerio Público.