El director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), Fabricio Gómez Mazara, sostuvo este miércoles que la comunicación política dirigida al sector debe abandonar los mensajes generalistas y permitir que cada empresario pueda vincular una mejora concreta con una decisión identificable del Estado.
Durante su intervención en el XIX Congreso Internacional de Comunicación Política, Gómez Mazara propuso sustituir la comunicación centrada en la visibilidad gubernamental por un modelo que demuestre cómo las demandas de las mipymes se convierten en políticas públicas, recursos y resultados medibles.
Atribuibilidad y presencia económica
El funcionario afirmó que el desafío no consiste en comunicar más las actuaciones del Estado, sino en mejorar su “atribuibilidad”, es decir, la capacidad de los ciudadanos para relacionar una transformación concreta de su vida cotidiana con una decisión pública claramente identificable.
Bajo el título Economía productiva, emprendimiento e inteligencia artificial: conectando políticas públicas, desarrollo territorial y comunicación, Gómez Mazara recordó que las mipymes dominicanas tienen una presencia recurrente en el discurso institucional, pero todavía no ejercen una influencia proporcional a su importancia económica.
Según los datos presentados, estas unidades representan el 96 % del tejido productivo nacional, generan más del 61 % de los empleos y aportan el 32 % del producto interno bruto (PIB). Esa relevancia, señaló, contrasta con la debilidad de los mecanismos mediante los cuales sus necesidades llegan hasta las instancias donde se diseñan las políticas públicas.
Comunicación asimétrica
El expositor describió una comunicación históricamente asimétrica: mientras el Estado dispone de estructuras para anunciar financiamientos, capacitaciones, compras públicas y otras decisiones favorables, la comunicación que asciende desde las mipymes hacia las autoridades permanece fragmentada y estructuralmente débil.
En ese sentido, insistió en que el reto de la política pública no es solo ampliar la cobertura de programas, sino garantizar que cada empresario pueda identificar cómo una decisión estatal impacta directamente en su negocio, su empleo o su comunidad.