El Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, una iniciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos Polanco.
La propuesta tiene como objetivo garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración Pública, asegurando que toda conducta, acto, actuación u omisión de la Administración se ajuste al ordenamiento jurídico del Estado. Además, busca regular la organización y funcionamiento de los órganos judiciales competentes en este ámbito, así como el proceso contencioso administrativo consagrado en la Constitución dominicana.
Principios y alcance
El proyecto establece que el proceso contencioso administrativo se rige por los principios del derecho administrativo, con aplicación supletoria y excepcional del derecho procesal civil únicamente cuando sea compatible con la naturaleza del proceso y los principios administrativos no sean suficientes para resolver la cuestión planteada.
La Jurisdicción Contencioso Administrativa tendrá la facultad de revisar y controlar todo tipo de actividad o inactividad administrativa, sin que existan actuaciones u omisiones exentas del control judicial. Asimismo, garantiza que toda persona pueda acceder a estos órganos para hacer valer sus derechos e intereses, incluso aquellos de carácter colectivo o difuso.
Sesión ordinaria y homenajes
Durante la primera sesión ordinaria de la segunda legislatura, el Pleno del Senado honró con un minuto de silencio la memoria de diversas personalidades fallecidas, entre ellas el empresario Luis Sánchez Noble, el exdirector del INABIE Rafael Pimentel, el joven Demetrio Paulino, el inmortal del deporte Casimiro de la Mota, el empresario Benjamín Toral y la profesora María Méndez, víctima del accidente del tanquero ocurrido en la avenida George Washington.
La aprobación en primera lectura marca un paso inicial en el proceso legislativo de una normativa que busca fortalecer el Estado de derecho y garantizar que las decisiones administrativas puedan ser objeto de control judicial efectivo.