El Ministerio Público afirmó este martes que está preparado para presentar la acusación y las pruebas en el juicio contra los integrantes de la red desmantelada mediante la Operación Gaviota, proceso que se conocerá el próximo 15 de septiembre en el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Keyla Pérez.
La estructura criminal, según las investigaciones, movilizó más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a más de 300 víctimas en distintas provincias del país.
Los acusados y las pruebas
Entre los principales imputados figuran Rafael Martínez Batista y su pareja Eridania García Veloz de Martínez, junto a Edgar Antonio García Binet, Jesús Manuel de la Cruz Paché, Reynaldo Castillo Garrido, Ana Francisca Martínez Batista, Héctor Aníbal Santillán Faulkner, Carlos Manuel Jiménez Mauricio y Joanna del Cristo Amparo de Jiménez, además de otros 13 procesados enviados a juicio.
El expediente cuenta con más de 650 pruebas, incluyendo 376 testimoniales, 19 peritajes financieros y de informática forense, 254 documentales y 29 materiales, que sustentan la acusación de estafa, asociación de malhechores, falsificación, lavado de activos y violaciones a la Ley Monetaria y Financiera, la Ley del Mercado de Valores, la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley de Cooperativismo y la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Esquema piramidal y captación de víctimas
La investigación determinó que los acusados operaban un esquema Ponzi, en el que los pagos a los primeros inversionistas se realizaban con los aportes de nuevos participantes. Para captar fondos, constituyeron empresas de fachada como Investor Winner IW S.R.L., IXI Intermecom S.R.L., Guro Investments S.R.L., Yirewall S.R.L., Coopes, Vagary Consulting S.R.L., Inversiones Cataleya S.R.L. y Gratia Plena S.R.L., entre otras.
Las víctimas, unas 332 personas, fueron convencidas de que se trataba de inversiones legítimas en mercados internacionales, llegando muchas a hipotecar propiedades o comprometer sus ahorros personales. El grupo utilizó redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para promocionar falsas oportunidades de inversión, falsificó estados financieros y cedió acciones de las empresas una vez colapsado el esquema, con el fin de obstaculizar la investigación.