El Tribunal Superior Electoral (TSE) aplazó para el martes 15 de septiembre de 2026, a las 9:00 de la mañana, la audiencia sobre la demanda en nulidad de personería jurídica de 33 partidos minoritarios que no alcanzaron el 1 % de los votos en las elecciones de 2024.
De acuerdo con un comunicado, los jueces Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo (presidente), Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz, Rafaelina Peralta Arías y Lenis Rosángela García Guzmán adoptaron la decisión para permitir la comunicación de documentos entre las partes y otorgaron un plazo de 10 días para el depósito de escritos vía Secretaría de la Alta Corte.
Partidos en causa y fundamentos legales
La acción fue presentada por el Proyecto Visión Nación (PVN) y el doctor José Cristopher Ramírez, quienes solicitan al TSE declarar la nulidad de la personería jurídica de las organizaciones que no alcanzaron el porcentaje mínimo de votación exigido por la Ley núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
Entre los partidos puestos en causa figuran el Partido Unidad Nacional (PUN), Justicia Social (JS), Alianza País (Alpaís), PRSD, PCR, Generación de Servidores (GenS), MODA, PHD, APD, Primero La Gente (PPG), Esperanza Democrática (PED), Opción Democrática (OD), PQDC, PLR, Frente Amplio (FAMP), PRI, PAL, PPC, PDP, UDC, Pasove, PSC, PDI, PNVC, FNP, Camino Nuevo (CN), MIUP, MCNPC, Águila (MA), MHI, MCC, CCD y MINCO.
Los demandantes sostienen que su objetivo es preservar la integridad y racionalidad del sistema de partidos, evitando que organizaciones sin respaldo popular mínimo continúen disfrutando de prerrogativas y recursos públicos. Argumentan que cualquier interpretación administrativa que flexibilice la aplicación del artículo 75 de la Ley 33-18 vulnera el principio de legalidad y altera el equilibrio democrático.
Próximos pasos y contexto político
El Tribunal convocará nuevamente a los partidos Camino Nuevo y Movimiento Cívico Cabrereño, que no asistieron a la audiencia inicial. La Junta Central Electoral (JCE) figura como parte impugnada, representada por su consultora jurídica, Nikaury Báez.
La demanda se inscribe en un contexto de debate sobre la representatividad de los partidos minoritarios y el uso de recursos públicos. Los accionantes insisten en que la ley debe aplicarse de manera estricta para garantizar que solo las organizaciones con respaldo electoral suficiente mantengan su personería jurídica.