El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) salió al frente este miércoles a las informaciones difundidas sobre una sentencia que dispone el pago de US$5 millones al Consorcio Méndez Junior-Méndez Cabral, por un litigio relacionado con terrenos ubicados en el área del antiguo Aeropuerto de Herrera.
La institución aclaró que las publicaciones sobre el caso presentan una visión incompleta de la situación jurídica, debido a que la decisión emitida por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional todavía está sujeta a los recursos establecidos por la legislación dominicana, incluido el conocimiento de la Suprema Corte de Justicia.
Origen del conflicto
El Banco Central explicó que el proceso judicial tiene una trayectoria de varios años y ha involucrado decisiones de diferentes tribunales, entre ellos el Tribunal Superior de Tierras, además de recursos de casación ante la Suprema Corte.
Según la institución, el origen del conflicto se remonta a una operación realizada en 1999, cuando entregó terrenos de su propiedad en Herrera a contratistas del Estado, bajo la modalidad de dación en pago y por cuenta del Estado dominicano.
La operación se efectuó para saldar acreencias de contratistas vinculadas con los trabajos de ampliación de la Autopista Duarte, entonces bajo responsabilidad de la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, y se produjo a requerimiento del Poder Ejecutivo y con autorización de la Junta Monetaria.
El Banco Central detalló que la operación tuvo como antecedente un contrato de permuta con el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), suscrito el 18 de octubre de 1999 y aprobado posteriormente por el Congreso Nacional. En dicho acuerdo, el CEA se comprometió a entregar terrenos en San José de los Llanos, San Pedro de Macorís, como contraprestación por los terrenos transferidos a los contratistas.
Defensa institucional
Ante las interpretaciones surgidas alrededor del caso, el Banco Central rechazó que su actuación pueda ser presentada como una apropiación ilegal de terrenos o como una conducta dirigida a perjudicar a los contratistas.
La institución sostuvo que ha actuado dentro de sus competencias legales y en cumplimiento de las responsabilidades asignadas por las autoridades correspondientes. Asimismo, reiteró su respeto a la institucionalidad, al debido proceso y a las decisiones de los tribunales, aunque dejó claro que se reserva el derecho de utilizar los recursos legales disponibles para defender los intereses del Estado dominicano y del propio Banco Central.
El BCRD informó que continuará aportando ante las instancias judiciales correspondientes los documentos y argumentos jurídicos que, según afirma, sustentan su actuación y permitirán establecer con precisión los hechos y las responsabilidades vinculadas al proceso.