El canciller de Argentina, Pablo Quirno, rechazó este viernes las críticas de “la oposición y los medios” al Gobierno de Javier Milei por el amarre del buque británico VS Promise en el puerto de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, cuyo territorio incluye a las islas Malvinas, en disputa con el Reino Unido.
En un texto publicado en X titulado “Otra operación de la oposición y los medios”, Quirno aseguró que la presencia del buque, que amarró el lunes pasado, fue contratada por un consorcio petrolero autorizado por el Ejecutivo de Tierra del Fuego para operar en aguas argentinas.
Argumentos del Gobierno
“El buque es un petrolero contratado para transportar crudo producido en la Cuenca Marina Austral, en territorio argentino. Venía de Río Cullen, donde se carga el petróleo producido en los yacimientos fueguinos operados por TotalEnergies y sus socios. La propia provincia reconoce que fiscaliza esas operaciones: mide los volúmenes, controla la carga y certifica el origen del crudo que se exporta”, subrayó el canciller.
Quirno explicó que el amarre en Ushuaia fue una “escala logística” que generó ingresos derivados de los servicios portuarios y un impacto económico local. En su publicación cuestionó: “¿Qué fue lo inadmisible? ¿Que un buque que participa de una operación petrolera fueguina, sin ningún vínculo con las ilegítimas autoridades de las Islas Malvinas, haya pasado por Ushuaia? La Cuestión Malvinas merece ser defendida con seriedad”.
El presidente Javier Milei compartió el mensaje de su canciller y agregó: “Desarmando operetas. Mentirosos compulsivos”.
Reacciones en Tierra del Fuego
El gobernador Gustavo Melella había protestado públicamente contra la autorización de entrada del barco, alegando que existe una ley provincial que prohíbe la permanencia, el amarre y el abastecimiento en sus puertos de buques con bandera británica.
El jueves, un fiscal de la provincia ordenó que Tierra del Fuego explique cómo fiscaliza las actividades en la monoboya donde el VS Promise cargó crudo. La secretaria de Hidrocarburos, Julieta Balderramas, aclaró que su dependencia no tiene acceso a la información relativa a la procedencia del buque, su bandera o documentación marítima, competencias que corresponden a organismos nacionales de control.
El episodio ha reavivado el debate sobre la soberanía de las Malvinas y la política del Gobierno nacional frente a la presencia de embarcaciones británicas en aguas argentinas, en un contexto de tensión entre las autoridades locales y el Ejecutivo central.