Tras la publicación de la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas al Ministerio de Educación correspondiente al período 2020-2022, el exministro Roberto Fulcar aseguró que las debilidades institucionales detectadas fueron heredadas y corregidas durante su gestión.
La posición contrasta con las conclusiones del órgano regulador, que le otorgó un plazo de 25 días calendario para remitir un plan de acción correctivo a la Contraloría General de la República y a la propia Cámara, conforme a la Ley núm. 18-24 y normativas complementarias.
Auditoría y hallazgos
La investigación especial examinó procesos de contratación, pagos, adquisiciones de bienes y servicios, inventarios, nóminas y equipos tecnológicos. El informe señaló irregularidades administrativas y documentales, incluyendo desembolsos sin soporte y expedientes incompletos.
Respuesta de Fulcar
El exministro defendió su gestión alegando que los resultados deben analizarse en el contexto de la pandemia del COVID-19, que generó circunstancias extraordinarias en el sistema educativo. Reconoció la necesidad de fortalecer mecanismos de contratación, controles administrativos e inventarios, pero sostuvo que estas observaciones corresponden a situaciones administrativas y procedimentales, no a irregularidades.
“Una auditoría seria permite identificar aquello que debe corregirse, fortalecerse o perfeccionarse. Eso forma parte de la responsabilidad de una buena gestión pública”, afirmó.
Fulcar aseguró que se documentaron correcciones en materia contable y presupuestaria, incluyendo la clasificación de gastos ajustada mediante acto administrativo del 5 de marzo de 2022 y un convenio de colaboración con la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).
También indicó que al inicio de su gestión se identificaron debilidades en los expedientes del personal y se implementaron procesos de digitalización y organización, además de controles para nuevas designaciones.
Responsabilidad por fechas
El exministro subrayó que la auditoría comprende hasta el 3 de agosto de 2022, por lo que las actuaciones posteriores corresponden a administraciones siguientes. En ese sentido, afirmó que la falta de ejecución de determinadas garantías en contratos de dispositivos tecnológicos debe atribuirse a gestiones posteriores.
“Las medidas que correspondía implementar durante nuestra administración fueron identificadas y puestas en marcha. Si posteriormente algunas de ellas no tuvieron continuidad, esa responsabilidad corresponde a las administraciones posteriores”, sostuvo.
Fulcar concluyó que su gestión enfrentó enormes desafíos y dejó procesos y controles en marcha, asegurando que “no se encontraron irregularidades” en la investigación especial.
Este episodio conecta con la respuesta de Roberto Fulcar, los hallazgos de la Cámara de Cuentas y el debate sobre la transparencia en el Ministerio de Educación.