La Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental de Estados Unidos destruyó este lunes una embarcación que supuestamente operaba como estación flotante de reabastecimiento de combustible y que, según las autoridades, apoyaba en operaciones de narcotráfico a la banda criminal ecuatoriana Los Choneros, considerada la más antigua del país andino.
Este es el quinto barco ecuatoriano interceptado y hundido en aguas del Pacífico Oriental desde el 28 de agosto, cuando el Comando Sur informó sobre operativos realizados en coordinación con el Gobierno del presidente Daniel Noboa.
Tripulantes liberados y denuncias
Los tripulantes de las embarcaciones han negado vínculos con organizaciones criminales. El pasado sábado, un juez dejó en libertad a 28 pescadores detenidos en dos de las operaciones realizadas por EE. UU., al considerar que la Fiscalía no pudo probar la comisión de delitos.
Ese mismo día, el Comando Sur y el Ministerio de Defensa ecuatoriano confirmaron el hundimiento del barco María Candelaria, cuyos 26 tripulantes fueron trasladados a la ciudad de Manta.
Operaciones en curso
El comando estadounidense aseguró que las personas encontradas en la última embarcación serán entregadas a las autoridades ecuatorianas y que continuará con “operaciones precisas y profesionales para desmantelar las redes logísticas que alimentan el narcotráfico en el Hemisferio Occidental”.
Reacciones y críticas
Además de estos cinco casos recientes, pescadores y familiares han denunciado supuestos ataques a otras tres embarcaciones en enero y marzo cerca de las Islas Galápagos, incluido uno en el que desaparecieron ocho pescadores. Estos hechos no han sido reconocidos por Estados Unidos ni por Ecuador.
De acuerdo con The Washington Post, esos ataques formaron parte de una operación encubierta de la CIA, independiente de la campaña contra el narcotráfico que EE. UU. libra desde septiembre de 2025 en el Caribe y el Pacífico. En esa ofensiva han sido destruidas decenas de supuestas narcolanchas y más de 200 personas han muerto, lo que ha generado duras críticas de organizaciones de derechos humanos.
Organizaciones como Amnistía Internacional han pedido investigar la presunta participación de Estados Unidos en la desaparición de los ocho pescadores ecuatorianos que salieron en enero a bordo de la embarcación Fiorella.