La Segunda Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional ratificó este jueves la sentencia de un tribunal de primer grado que declaró la extinción de la acción penal contra exfuncionarios y empresarios acusados de la venta irregular de cuatro millones de metros cuadrados de terrenos en el sector Los Tres Brazos, Santo Domingo Este.
Los jueces confirmaron “en todos sus aspectos” la sentencia emitida en abril de 2024 por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, al considerar que no se verificaron los vicios señalados por los recurrentes, que fueron el Ministerio Público y la Comisión de Derechos Humanos.
Beneficiados con la decisión
Entre los favorecidos con la extinción de la acción penal figuran Leoncio Almánzar Objío, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde); Manuel Joaquín Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de Corde; Irvin José Cruz Crespo, exconsultor jurídico; y Juana Ynés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L..
También fueron beneficiados Domingo Gerardo Legrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa); Carlos Aris Gómez Williams, Julio César Gómez Williams y Lisetel González Sánchez. Asimismo, se declaró nula la acción penal para las razones sociales Proyecciones Inmobiliarias Gowi, Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), Soluciones Eléctricas Sidenet y Teknowlogic Dominicana.
Los jueces de la Segunda Sala, Ysis B. Muñiz Almonte (presidenta), Teófilo Andújar Sánchez y Milagros Mercedes Ramírez Cabrera, argumentaron que los acusados no habían contribuido a dilatar el proceso penal, por lo que el tiempo de ocho años de trámite judicial no podía ser atribuido a ellos.
Dictámenes contradictorios
El caso ha estado marcado por decisiones contradictorias. En noviembre de 2024, la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anuló la resolución del Cuarto Tribunal Colegiado que había puesto fin a la persecución penal. Sin embargo, los acusados recurrieron en casación alegando que dicha sala conoció la apelación de forma administrativa, lo que violaba su derecho a la defensa.
El fallo de casación dispuso devolver el proceso a otra sala de un tribunal del mismo grado. Tras ser seleccionada para conocer el caso, la Segunda Sala emitió el dictamen que ratifica la extinción penal.
Antecedentes del expediente
El proceso inició en 2018, cuando los imputados fueron detenidos. En junio de 2022, el exjuez Juan Francisco Rodríguez Consoró favoreció a los acusados con un no ha lugar, aunque posteriormente fue apartado del sistema de justicia por irregularidades.
En diciembre de 2023, la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogió parcialmente un recurso del Ministerio Público contra ese auto de no ha lugar y ordenó un nuevo juicio para algunos de los encartados, quienes ahora han sido beneficiados con la extinción penal.
La corte ratificó el no ha lugar a favor de Rosabel Castillo, exregistradora de Títulos; Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, ambos agrimensores; y José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec.
Un caso emblemático
El expediente de Los Tres Brazos ha sido uno de los más emblemáticos en materia de corrupción administrativa, por la magnitud de los terrenos involucrados y el impacto social en las familias residentes del sector. Sin embargo, tras años de litigios y decisiones contradictorias, la ratificación de la extinción penal por parte de la Segunda Sala marca un nuevo capítulo en un proceso que ha estado rodeado de controversias jurídicas y cuestionamientos públicos.