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Víctor Mateo cuestiona actuación del Ministerio Público en caso Encarnación-Martínez

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El abogado Víctor Mateo cuestionó la actuación del Ministerio Público en el proceso que involucra al expelotero de Grandes Ligas Edwin Encarnación y a Gabriel Martínez, hijo del exsenador Enrique Martínez, por el incidente ocurrido en las inmediaciones de Casa de Campo, La Romana, el pasado 1 de septiembre.

Interrogantes sobre el acuerdo

Mateo planteó dudas sobre el acuerdo alcanzado en el caso, señalando que persisten interrogantes respecto a la forma en que se manejaron las querellas cruzadas por supuesto intento de homicidio. Según el jurista, la transparencia del proceso y la claridad en las decisiones adoptadas por el Ministerio Público deben ser objeto de revisión.

El abogado insistió en que la ciudadanía merece conocer con detalle los fundamentos legales que sustentan cualquier acuerdo entre las partes, especialmente en un caso que involucra figuras públicas y hechos de violencia con armas de fuego.

Contexto del proceso

El incidente generó gran atención mediática luego de que Encarnación y Kelvin Alexander Martínez Trinidad presentaran querellas mutuas por intento de homicidio. Posteriormente, el expelotero también se querelló contra Gabriel Enrique Martínez Santana, hijo del exsenador.

Durante las investigaciones, se reveló que uno de los vehículos vinculados al caso presentaba cinco impactos de bala, lo que reforzó la gravedad de los hechos y la necesidad de esclarecer las circunstancias en que se produjeron.

Críticas a la gestión del Ministerio Público

Mateo cuestionó la manera en que el Ministerio Público ha manejado las diligencias, sugiriendo que existen vacíos en la investigación y en la comunicación de los resultados. “La sociedad necesita respuestas claras, no acuerdos que generen más dudas que certezas”, expresó.

El abogado advirtió que, de no aclararse las condiciones del acuerdo, el caso podría sentar un precedente negativo en materia de justicia penal y credibilidad institucional.

Próximos pasos

El proceso continúa bajo la supervisión de la Fiscalía de La Romana, que deberá definir las responsabilidades penales y civiles derivadas del incidente. Mientras tanto, las declaraciones de Mateo reavivan el debate sobre la transparencia y la independencia del Ministerio Público en casos de alto perfil.

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