El Ministerio Público investiga a siete médicos por presuntamente haber emitido facturas por servicios médicos no prestados, como parte de las pesquisas del caso denominado Senasa 2.0, informó este viernes el abogado Jorge Contreras, representante de los profesionales.
Contreras explicó que sus clientes, principalmente cirujanos y ortopedas, fueron trasladados a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR). Aunque existe una orden de arresto, esta todavía no les había sido formalmente ejecutada.
“Se acusa de que supuestamente han emitido facturas sin haber dado el servicio”, señaló el abogado al ser abordado por periodistas.
Interrogatorios previos
El togado detalló que los galenos ya tenían conocimiento de que eran investigados y que habían sido interrogados aproximadamente dos veces por las autoridades. “Había sido interrogado, sí”, respondió Contreras al ser cuestionado sobre si sus representados habían comparecido previamente ante el Ministerio Público.
“Hay una orden de arresto, todavía no ha sido formalmente dejado detenido”, agregó.
El abogado indicó que la mayoría de los médicos que representa pertenecen al Servicio Nacional de Salud (SNS), mientras que también defiende a algunos ejecutivos vinculados a dos cadenas de farmacias.
Nueva fase de investigación
Esta línea de investigación corresponde a una nueva fase de las pesquisas sobre presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), que incluyen alegaciones relacionadas con la facturación de servicios y procedimientos médicos que, según las autoridades, no habrían sido realizados.
En este momento, un total de al menos 25 personas permanecen detenidas en el denominado caso Senasa 2.0. Mientras algunos son interrogados en la Procuraduría, otros ya fueron trasladados al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para continuar con el proceso judicial.
Contexto del expediente
El caso Senasa 2.0 se suma al expediente original que involucra a exfuncionarios y empresarios, entre ellos el exdirector del Senasa, Santiago Marcelo Hazim Albainy, y el empresario Eduardo Read Estrella, acusados de formar parte de una estructura que habría desviado fondos públicos y manipulado procesos internos de la aseguradora estatal.
El Ministerio Público sostiene que las investigaciones siguen abiertas y que podrían surgir nuevas imputaciones conforme avanza el análisis de documentos y transacciones vinculadas al presunto fraude.