El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, exhortó enfáticamente a los médicos a no prestar sus códigos profesionales, tras el fallo de medidas de coerción contra los imputados en el esquema de fraude al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), denominado Operación SeNaSa 2.0-A.
“Prestar los códigos puede arrastrarlos a un proceso penal. Si los 22 médicos que fueron procesados en este caso no hubiesen prestado su código, este caso no hubiese existido”, afirmó Camacho, quien anunció además una campaña de concienciación para evitar esta práctica.
Medidas de coerción dictadas
- Prisión preventiva: Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación cumplirán en Las Parras; mientras que Isabel Heredia Vallejos, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista serán recluidas en Najayo Mujeres.
- Arresto domiciliario: Lucreisy Polanco Núñez, Martha María Saldaña Saldaña, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Rafael Mauricio Cabral González, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Marcelino Eusebio Figuereo, Ray Ernesto Mercedes Lugo, Víctor Felipe Rodríguez García, Luz Esther Reyes Durán, Alberto Batista Cruz, Heidy Coronado Paulino, Engels Federico Díaz Mendoza, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Keila Beatriz Acosta Leonardo.
- Otras medidas: José Luis Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré recibieron impedimento de salida, presentación periódica y garantía económica.
- Sin coerción: Dos imputados quedaron libres de medidas.
El caso
La Operación SeNaSa 2.0-A persigue una red que habría defraudado fondos públicos mediante la facturación de servicios médicos no realizados, suplantación de identidades de afiliados y vulneración de bases de datos de la aseguradora estatal.
La investigación se originó en noviembre de 2024, durante la gestión de Santiago Hazim, tras una denuncia del propio SeNaSa. Posteriormente, las autoridades ejecutaron 37 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, arrestando a los implicados.
Camacho valoró la decisión del tribunal como “razonable” y reiteró que la investigación no concluye con estas medidas de coerción.
“La investigación sobre lo sucedido en SeNaSa no se cierra, no concluye con esta resolución y vamos a ir por más”, manifestó.
Este hecho conecta con la Operación SeNaSa 2.0, las advertencias sobre el uso indebido de códigos médicos y el seguimiento a las medidas de coerción dictadas.