El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Vidal Potentini, calificó como preocupante la reciente adjudicación de servicios de nutrición y diálisis por parte del Servicio Nacional de Salud (SNS). El contrato, que asciende a más de 13 mil millones de pesos, fue otorgado bajo un esquema de exclusividad a un único oferente, lo que ha desatado una fuerte controversia legal y administrativa.
Potentini contradijo la postura de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), señalando que el proceso “no es tan pacífico” como se ha intentado proyectar. Según el jurista, fundamentar una contratación de esta magnitud en la exclusividad de un proveedor podría vulnerar las normativas de libre competencia vigentes, fomentar posibles escenarios de colusión entre empresas del sector y limitar la transparencia al no explorar alternativas en el mercado nacional e internacional.
“La exclusividad no puede mantenerse indefinidamente sin que se busquen nuevos proveedores que garanticen competitividad”, enfatizó el presidente del gremio de abogados.
Ante la ola de cuestionamientos, la DGCP defendió la legalidad del procedimiento, argumentando que la contratación por exclusividad es una herramienta jurídica válida para situaciones específicas del mercado y no una decisión arbitraria. Sin embargo, la presión social y técnica surtió efecto. El director ejecutivo del SNS, Julio Landrón, anunció la suspensión inmediata del proceso de contratación. Esta medida busca esclarecer las denuncias de supuesta falta de transparencia y asegurar que el servicio de diálisis y nutrición cumpla con los estándares legales requeridos.
El doctor Potentini fue enfático en que el caso debe pasar a manos de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia). El objetivo es determinar si realmente existe una limitación de mercado que justifique la ausencia de otros oferentes o si, por el contrario, se está bloqueando la participación de empresas competidoras.










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