La Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana felicitó este martes al Gobierno dominicano por la entrada en vigor de la nueva Ley 47-25 de Compras y Contrataciones Públicas y por la apertura de una oficina especializada contra la trata de personas en el municipio de Sosúa.
Ambas acciones fueron destacadas por la Encargada de Negocios, Patricia Aguilera, como avances importantes en materia de gobernanza, transparencia y protección de comunidades vulnerables.
Compromiso con la justicia y la eficiencia
Según la diplomática estadounidense, la aprobación de la Ley 47-25 representa un paso significativo hacia una contratación pública más eficiente y con mayores controles institucionales.
Aseguró que este marco legal refuerza la transparencia y promueve buenas prácticas en el manejo de fondos estatales.
En su mensaje, Aguilera valoró además la creación de una oficina contra la trata de personas en Sosúa, como parte del compromiso de República Dominicana con el combate a ese delito que afecta de forma directa a mujeres, niños y migrantes en zonas turísticas.
Dos hitos destacados por la Embajada
La ley 47-25, promulgada el pasado lunes por el presidente Luis Abinader, introduce nuevos mecanismos para aumentar la competitividad, reducir los márgenes de discrecionalidad y evitar prácticas corruptas en procesos de compras estatales.
Entre sus principales novedades figuran la creación del Comité de Seguimiento y Mejora Continua, la eliminación de la excepción para las Fuerzas Armadas, y la incorporación de una Plataforma Transaccional Electrónica obligatoria para todas las entidades públicas.
Por otro lado, la apertura de la oficina en Sosúa busca ofrecer atención directa a víctimas de trata y tráfico de personas, con un equipo interdisciplinario conformado por psicólogos, fiscales, médicos y especialistas legales.
Esta acción forma parte de un plan nacional más amplio para combatir ese flagelo en zonas de alta incidencia.
Reacciones divididas ante la nueva ley
Mientras actores internacionales como Estados Unidos saludan la nueva normativa, sectores empresariales y organizaciones de contratistas han mostrado preocupación por lo que consideran riesgos de concentración de poder en órganos del Estado.
Entre las críticas se mencionan la discrecionalidad que todavía tendría el Comité de Evaluación, la falta de representación empresarial en algunos órganos, y la ambigüedad de ciertos artículos que podrían generar conflictos jurídicos.
Aun así, la ley cuenta con amplio respaldo institucional y fue aprobada de manera unánime en ambas cámaras legislativas.
Estados Unidos refuerza cooperación
La Embajada norteamericana reafirmó su disposición a colaborar con iniciativas del Gobierno dominicano que fortalezcan la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos.
Patricia Aguilera subrayó que la justicia, la equidad y la integridad deben ser pilares fundamentales en cualquier sociedad democrática, y felicitó al país por avanzar en esos frentes de manera concreta.










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