El precio del petróleo y la prueba del poder: austeridad o parálisis

Por: Lic. Radomiro Peña Jiménez

Las crisis internacionales no preguntan por fronteras. Llegan. Se instalan. Y obligan a los Estados a revelar, sin maquillaje, la calidad de su conducción. La tensión en el Golfo Pérsico —con el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial, y el Brent oscilando entre los US$100 y los US$119 por barril— no es, para la República Dominicana, una noticia lejana: es un examen inmediato. Y los exámenes, como sabía Bismarck, no se aprueban con discursos.

Aquí no producimos energía fósil. La importamos. Y con ella importamos inflación, incertidumbre y la obligación de gobernar con rigor.

El mecanismo es conocido y despiadado: cada incremento del crudo se filtra con la velocidad de un contagio —transporte más caro, generación eléctrica más costosa, logística encarecida, alimentos presionados al alza—, hasta depositarse, con la precisión de un cirujano cruel, en el ingreso de los hogares. La inflación interanual ya bordea el 4.67% en febrero, rozando el techo del rango meta del Banco Central. Las regiones Este, Sur y Norte ya lo superan. Y el presupuesto nacional, formulado sobre la base optimista de un barril a US$65, se ha encontrado con una realidad que cuesta 50% más de lo previsto.

No es una hipótesis. Es una cadena conocida. Y en esa cadena, como en todas las cadenas de la historia dominicana, el eslabón más débil vuelve a ser el mismo: el ingreso de los hogares. Si los precios suben y los salarios permanecen estáticos, lo que ocurre no es ajuste: es contracción. Es consumo que se retrae. Es economía que se enfría mientras el discurso oficial sigue hablando de crecimiento.

De ahí que el debate central no sea si habrá impacto —ya lo hay—, sino quién lo absorberá.

Si el Estado opta por la inercia, la carga recaerá íntegramente sobre la población. Y eso, en términos macroeconómicos, conduce a una peligrosa deriva: caída del consumo interno, desaceleración del comercio, presión sobre el empleo y, en última instancia, un círculo de enfriamiento económico que ningún boletín del Banco Central podrá maquillar.

La respuesta responsable exige tres decisiones claras, sin ambigüedades ni aplazamientos.

Primero, austeridad real en el gasto público. No declarativa. No cosmética. Real. En un contexto de presión inflacionaria, el Estado no puede sostener niveles de gasto corriente que envíen señales contradictorias. Y aquí las cifras hablan con una elocuencia que el vocero oficial no podrá desmentir: en 2025, el gasto en publicidad estatal superó los RD$10,000 millones. Diez mil millones de pesos en propaganda —casi tres veces el presupuesto del Ministerio de la Mujer, más que el Tribunal Constitucional y la Cámara de Cuentas juntos— mientras el Gobierno anuncia, con gesto solemne, que reasignará RD$10,000 millones de “partidas no prioritarias” para sostener el subsidio a combustibles. La aritmética no miente: lo que se gasta en venderse equivale a lo que se necesita para proteger al ciudadano. Si eso no es una obscenidad fiscal, habría que inventar el término.

El subsidio semanal a combustibles, presupuestado en RD$300 a 400 millones, ha escalado a RD$1,700 millones por semana. En lo que va de 2026, se han erogado RD$4,000 millones solo en este renglón. Y el Gobierno pide al ciudadano que “optimice su consumo de combustible” —frase que, dicha desde un Estado que gasta más en publicidad que en justicia constitucional, suena menos a política pública y más a sarcasmo involuntario.

Gobernar en crisis es priorizar. Y priorizar implica recortar donde no es esencial. Luis XIV podía darse el lujo de confundir el Estado con su persona; un gobierno democrático en el Caribe, en plena tormenta petrolera, no.

Segundo, disciplina y focalización en las medidas de contención. Subsidios indiscriminados pueden ofrecer alivio inmediato, pero a costa de comprometer la sostenibilidad fiscal. El propio CREES lo ha documentado con precisión quirúrgica: de cada RD$1,000 que el dominicano paga en gasolina, RD$316 se destinan a impuestos y solo RD$527 cubren el costo real del combustible. El contribuyente financia el subsidio que el contribuyente recibe. Es un espejismo redistributivo: la mano izquierda del Estado devuelve lo que la derecha acaba de cobrar.

La experiencia reciente lo confirma: en 2022, con el Brent en niveles similares, la inflación cerró en 7.83% y llegó a tocar 9.47% en mayo. La política pública debe afinar su puntería: proteger a quienes más lo necesitan, sin distorsionar el equilibrio macroeconómico. Un subsidio generalizado, como advirtió Bastiat hace casi dos siglos, es el mecanismo por el cual todos intentan vivir a expensas de todos los demás.

Tercero —y aquí radica el punto más sensible y más cobardemente evadido— , la indexación de los salarios. No como consigna sindical, sino como instrumento técnico. No como demagogia, sino como responsabilidad fiscal de largo plazo.

El dato es demoledor: el Senado aprobó el Presupuesto General del Estado 2026 sin incluir la indexación salarial prevista en el Código Tributario. Por séptimo año consecutivo. Siete años. Siete presupuestos. Siete omisiones deliberadas de una obligación legal que el propio Estado se impuso y que el propio Estado ignora. Hay un nombre técnico para cuando el poder legislativo aprueba un presupuesto que contradice la ley vigente: se llama inconstitucionalidad presupuestaria. Hay un nombre coloquial: se llama estafa silenciosa.

Si el Estado permite que la inflación avance sin mecanismos de compensación en los ingresos, estará trasladando el costo completo de la crisis a la clase trabajadora y, en particular, a esa clase media dominicana que constituye la paradoja más cruel de nuestro modelo económico: demasiado próspera para recibir subsidios, demasiado frágil para absorber cada shock externo. Esa clase media que paga ITBIS, declara impuestos, financia colegios privados porque no confía en la educación pública, paga seguros médicos porque el sistema de salud no la protege, y a la que el Estado, cuando llega la crisis, le pide “conciencia” y “eficiencia” como si fueran virtudes teologales y no eufemismos para decirle: arréglese sola.

Indexar no es desordenar la economía; es evitar que se fracture. Es reconocer que, en escenarios de inflación importada, la estabilidad social depende de mantener un mínimo equilibrio entre precios e ingresos. Es lo que hacen las economías serias. Es lo que Alemania entendió tras la hiperinflación de Weimar y lo que Chile institucionalizó con la Unidad de Fomento. Nosotros, en cambio, preferimos la liturgia del crecimiento macroeconómico: el PIB crece, las reservas lucen robustas, las agencias internacionales aplauden —y el dominicano de a pie llega a fin de mes con menos de lo que llegaba en enero.

El Gobierno del PRM se encuentra, por tanto, ante una prueba de Estado. No de discurso —de eso hay excedente—, sino de gestión. La coyuntura exige decisiones oportunas, técnicamente fundadas y políticamente valientes. El presidente Abinader ha dicho que “el país está preparado”. Y es posible que tenga razón en lo macroeconómico: reservas superiores a US$16,000 millones, ingresos mineros extraordinarios, recaudación al alza. Pero la preparación macroeconómica es una cosa; la protección del ciudadano es otra. Se puede tener un balance fiscal presentable y una clase media en erosión silenciosa. La historia de América Latina está llena de países con cuentas nacionales impecables y sociedades rotas.

La tentación del gasto expansivo sin control, o de la inacción bajo el pretexto de la prudencia fiscal, serían errores de signo distinto, pero de igual consecuencia: trasladar la crisis al ciudadano. Y el ciudadano, que no lee los informes del FMI pero sí revisa el precio de la canasta en el supermercado, sabe distinguir —con esa lucidez que las élites subestiman— entre un gobierno que gestiona y uno que administra su propia imagen.

La oposición, por su parte, tiene un deber correlativo: fiscalizar con rigor, sí, pero también contribuir a un clima que permita adoptar las medidas necesarias. En momentos de presión externa, la obstrucción sistemática no es estrategia; es irresponsabilidad. Y la irresponsabilidad, como enseña la historia política dominicana, eventualmente se cobra en las urnas.

La República Dominicana no controla el precio del petróleo. Pero sí controla cómo responde a él.

Y en esa respuesta —austeridad o despilfarro, previsión o improvisación, equilibrio o traslado del costo a la población— se definirá si esta crisis será un episodio transitorio o el inicio de una parálisis económica que pudo evitarse.

La historia no juzga las crisis. Juzga cómo se administran. Y juzga, sobre todo, a quiénes se protege y a quiénes se abandona cuando el barco hace agua.