Redacción Al Minuto
La presidenta de la Sociedad Dominicana de Radioterapia Oncológica (SDRO) y directora médica del Instituto Oncológico Regional del Cibao, Naly Cruz, alzó su voz frente al caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), al advertir que miles de personas vieron su salud gravemente comprometida, empeorando su condición o incluso falleciendo, mientras esperaban la aprobación de medicamentos de alto costo o procedimientos vitales.
Cruz sostuvo que el impacto humano del caso va mucho más allá de cifras administrativas. “No estamos hablando de estadísticas frías ni números abstractos, hablamos de pacientes oncológicos, personas con cáncer avanzado, enfermedades hematológicas graves y patologías crónicas de alto costo que dependían estrictamente de tratamientos continuos para sobrevivir o al menos para vivir un poco más y mejor”, afirmó.
La especialista explicó que, aunque no siempre es posible cuantificar con exactitud cuántas vidas se perdieron, es incuestionable que la interrupción de medicamentos esenciales acelera el deterioro clínico y precipita la muerte. “En oncología, la ausencia de tratamiento no es neutra: mata o acorta la vida”, subrayó.
En ese sentido, reveló que más de 500 pacientes del Instituto Oncológico del Cibao se vieron afectados por retrasos en la entrega de medicamentos de alto costo, lo que provocó empeoramiento de sus condiciones, aunque no todos fallecieron.
Estas declaraciones se producen en el contexto de la investigación conocida como “Operación Cobra”, encabezada por el Ministerio Público, que indaga la gestión de Santiago Hazim al frente del Seguro Nacional de Salud (Senasa). El expediente señala una presunta desviación de más de RD$15,900 millones mediante contratos inflados, autorizaciones irregulares y programas que, bajo la apariencia de innovaciones en salud pública, habrían servido como mecanismos para extraer fondos del Estado y distribuir sobornos.
El Ministerio Público describe la existencia de un “sistema paralelo” para manipular procesos de contratación y habilitación de prestadores, con un perjuicio económico estimado hasta diciembre de 2024.
El pasado 14 de diciembre, el juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso 18 meses de prisión preventiva contra Santiago Hazim y otros seis imputados, ordenando que el exdirector de Senasa cumpla la medida en la cárcel de Najayo. También se dictó prisión preventiva contra Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Asimismo, el tribunal dispuso arresto domiciliario, impedimento de salida y presentación periódica a Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo.
Al referirse al alcance del caso, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz, afirmó que “la Operación Cobra es la investigación de corrupción más grave presentada por el Ministerio Público hasta el momento”.
Dary Terrero
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