
SANTO DOMINGO, D.N. – El Ministerio Público, bajo la dirección del procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la PEPCA, ofreció detalles sobre la orden de arresto contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de utilizar información privilegiada para coaccionar a un exfuncionario y exigir sobornos de alta gama.
Negociación y Exigencias de Lujo
De acuerdo con las investigaciones, el fiscal Valdez Alcántara sostuvo un encuentro el pasado 13 de marzo con Roberto Canaán, exgerente de Senasa, en el parqueo de un establecimiento comercial. Durante la reunión, el fiscal habría solicitado inicialmente la suma de US$200,000 para alterar el curso de una investigación en curso.
Tras un proceso de negociación, las exigencias se ajustaron a:
- Efectivo: Un pago de US$150,000.
- Relojería: Un reloj de la marca Rolex.
- Vehículo: Un automóvil Mercedes Benz (modelo 350 o 450) de color negro.
El informe del Ministerio Público destaca que el investigado mostró un rechazo explícito a recibir vehículos de menor gama, como los de las marcas Volvo o Mazda, manteniéndose firme en su exigencia de un vehículo de lujo superior.
Coacción y Plazos Fatales
El Ministerio Público sostiene que existió una “coacción continuada”. El fiscal presionaba constantemente al testigo mediante llamadas telefónicas, utilizando frases como “¿Para cuándo está la cosa?”.
Valdez Alcántara impuso el 24 de marzo como fecha límite para la entrega de los bienes y el dinero, advirtiendo que, de no cumplirse el acuerdo, procedería de inmediato con la judicialización del caso del testigo.
Acciones Judiciales y Cargos
Ante el riesgo de destrucción de evidencias dada la investidura del imputado, la jueza de instrucción especial, Isis Muñiz Almonte, autorizó el allanamiento de la residencia del fiscal en el sector Residencial Amanda II, Santo Domingo Este.
El fiscal enfrenta cargos preliminares por:
- Corrupción y Cohecho: Violación a los artículos 174, 177 y 178 del Código Penal Dominicano.
- Lavado de Activos: Múltiples infracciones a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La solicitud de medida se fundamenta en pruebas que incluyen notas de inteligencia y una autorización de entrega vigilada de dinero emitida el pasado 27 de marzo.










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