El pago de RD$867,456,000.01 realizado por el Ministerio de Educación (MINERD) a Seguros Reservas, correspondiente a una póliza de Seguro de Accidentes Personales para Estudiantes, ha generado preocupación y cuestionamientos en distintos sectores de la sociedad ante la falta de evidencias públicas sobre su aplicación real.
De acuerdo con la información disponible, el seguro fue contratado en 2023 y permanece vigente hasta diciembre de 2025. Sin embargo, padres, docentes y miembros de la comunidad educativa aseguran no tener conocimiento de estudiantes que hayan recibido cobertura, atención médica o indemnización, lo que ha despertado sospechas sobre un posible uso irregular de fondos públicos.
Las dudas se intensifican debido al alto volumen de recursos desembolsados en un corto período, sin que se hayan publicado informes detallados que expliquen cuántos casos fueron atendidos, qué montos se pagaron, en cuáles centros educativos se aplicó el seguro o cuáles resultados concretos se obtuvieron.
Aunque hasta el momento no existe una investigación oficial que confirme irregularidades o fraude, ciudadanos y comunicadores han solicitado la intervención urgente de la Cámara de Cuentas y del Ministerio Público, a fin de determinar si el contrato cumple con el objetivo para el cual fue aprobado o si podría tratarse de un esquema de simulación de servicios que amerite sanciones administrativas o penales.
El caso ha reabierto el debate sobre la transparencia en el uso de los recursos públicos, especialmente en áreas sensibles como la educación y la protección de los estudiantes, donde la correcta ejecución de los fondos resulta clave para garantizar la confianza ciudadana.










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