Redacción Al Minuto
Desde 2020, al menos RD$9,100 millones han sido adjudicados a Macrotech Farmacéutica, SRL; RD$1,125 millones a Hospifar, SRL; y RD$1,500 millones al Consorcio CIMAC, integrado por Macrotech y el Centro Integral de Medicina Renal (CIMER), cuya propiedad figura en manos de sociedades registradas en Panamá.
Así lo documenta un reportaje del medio Panorama, que examina la evolución de los contratos de nutrición clínica y diálisis peritoneal dentro del sistema público de salud dominicano, gestionado por el Servicio Nacional de Salud (SNS).
De acuerdo con la investigación, el SNS, dirigido por el doctor Mario Lama, impulsó a partir de 2020 un programa orientado a fortalecer la recuperación hospitalaria mediante nutrición especializada y ampliar la diálisis peritoneal domiciliaria. Ambas iniciativas, clínicamente justificadas, terminaron convirtiéndose en ejes presupuestarios de alto impacto económico.
El reportaje detalla que, solo entre nutrición clínica y terapias renales, el Estado ha comprometido más de RD$12,000 millones mediante procesos de excepción por exclusividad, una modalidad que evita la licitación abierta bajo el argumento de que existe un único proveedor autorizado.
En noviembre de 2020, el SNS adjudicó por excepción un contrato de RD$1,416 millones para diálisis peritoneal domiciliaria. Un mes después, otorgó otro contrato exclusivo por RD$732 millones para suplir nutrición parenteral y enteral. En los años siguientes, los montos continuaron en ascenso, consolidando ambos renglones como partidas permanentes del gasto sanitario.
La investigación reseña que Macrotech Farmacéutica, SRL pasó a ocupar una posición dominante en estos servicios dentro del sistema público. Además, recuerda que la Dirección General de Contrataciones Públicas, dirigida por Carlos Pimentel, emitió en 2021 la Resolución RIC-103-2021, en la que identificó inobservancias normativas en uno de los procesos, aunque no anuló la adjudicación.
Panorama también documenta impugnaciones posteriores en procesos de nutrición clínica, donde otras empresas alegaron limitaciones a la competencia y criterios técnicos restrictivos. No obstante, varias de estas acciones fueron declaradas inadmisibles por razones procesales, sin que se evaluara el fondo de los reclamos.
Brecha entre el contrato y la realidad hospitalaria
Uno de los hallazgos centrales del reportaje es el contraste entre los contratos millonarios y la disponibilidad real del servicio en hospitales públicos. Tras visitas a centros del Distrito Nacional y del interior, el medio constató que el programa de diálisis peritoneal no admite nuevos ingresos en varios hospitales, alegándose falta de presupuesto o cierre del programa.
En algunos casos, pacientes o familiares fueron orientados hacia prestadores privados vinculados al mismo circuito contractual, incluso utilizando el seguro público SeNaSa como base de pago. Según la investigación, esto sugiere un desplazamiento progresivo del servicio desde la red pública hacia el sector privado, pese a que el financiamiento continúa siendo estatal.
Falta de indicadores públicos
El reportaje subraya la ausencia de información pública que permita medir resultados clínicos concretos. No se dispone de datos consolidados sobre reducción de desnutrición hospitalaria, disminución de estancias médicas o número actualizado de pacientes activos en diálisis peritoneal domiciliaria.
Asimismo, señala que no existen reportes accesibles que detallen el cumplimiento de los contratos, la trazabilidad de los insumos ni evaluaciones independientes sobre impacto sanitario.
Interrogantes sobre sostenibilidad y control
Panorama plantea que el uso reiterado de procesos de excepción, concebidos como mecanismos extraordinarios, se ha convertido en una práctica recurrente en la adquisición de insumos clínicos de alto costo. A esto se suma la coexistencia de compras centralizadas millonarias con adquisiciones paralelas realizadas por hospitales, lo que abre interrogantes sobre planificación, eficiencia y coherencia del modelo de abastecimiento.
El medio concluye que, cuando el Estado compromete más de RD$13,000 millones en programas sensibles como nutrición clínica y diálisis, el debate debe trascender la legalidad formal de los contratos y centrarse en la medición de resultados, el acceso efectivo de los pacientes y la transparencia en la ejecución.
La investigación completa fue publicada por el medio Panorama.
Dary Terrero
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