El diputado Elpidio Infante, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), propuso un castigo de hasta 20 años de prisión para aquellos que truqueen documentos y rindan declaraciones falsas para lograr contratos con el Estado.
En ese sentido, dijo esperar que el proyecto de Compras Públicas llegue lo antes posible y que el mismo tendrá su apoyo cuando lo conozcan en el Congreso. Ese proyecto estipula una sanción de 2 o 3 años de cárcel para los proveedores del Estado que hayan falsificado documentos y declaraciones.
Para el diputado Infante esa sanción es muy baja: “Yo creo que ahí está débil, debe ponérsele 10, 15 o 20 años, porque eso es robo; y también la influencia que ejercen para lograr las cosas. Debe ponérsele más”.
Hablando en el Congreso Nacional, estimó que un castigo más severo podría disuadir a quienes estén pensando en hacer trucos para negociar con el Estado.