Dary Terrero
El abogado Juan Miguel Castillo Pantaleón aseguró que cualquier intento de implementar un nuevo plan de regularización de extranjeros en República Dominicana sería una acción ilegal, además de representar un riesgo para la estabilidad migratoria del país.
Según explicó, la Ley 285-04 sobre migración establece de manera clara que solo puede ejecutarse un plan de regularización, el cual ya se llevó a cabo mediante el Decreto 327-13 durante el año 2013.
No caben múltiples planes según la ley
Castillo Pantaleón advirtió que jurídicamente resulta “absolutamente improcedente” proponer un segundo plan.
La norma vigente no contempla la posibilidad de aplicar múltiples procesos de regularización, por lo que cualquier nueva iniciativa en ese sentido constituiría una violación del marco legal dominicano.
Además de su carácter ilegal, el abogado calificó la idea como “contraproducente”, ya que podría generar consecuencias inesperadas y peligrosas para la seguridad nacional y la gobernabilidad migratoria.
“Efecto llamada” y colapso estatal en Haití
Uno de los principales argumentos del jurista radica en el impacto que tendría una nueva apertura migratoria.
Recordó que en 2013, tras el anuncio del plan regularizador, decenas de autobuses repletos de haitianos ingresaron al país buscando beneficiarse del proceso.
Castillo Pantaleón enfatizó que actualmente el escenario es mucho más crítico, debido al colapso del Estado haitiano.
Esto, a su juicio, podría provocar un flujo aún más grande y desordenado, lo que superaría la capacidad de respuesta del Estado dominicano.
Costos sociales y manipulación del tema
El jurista también denunció que ciertos sectores del país estarían promoviendo nuevos planes de regularización con fines económicos, ligados a la sobreexplotación de la mano de obra extranjera barata.
Este modelo, indicó, genera un costo social que no asumen quienes se benefician directamente, sino que recae en los trabajadores locales y en la sociedad dominicana en su conjunto.
Castillo Pantaleón llamó a las autoridades a cumplir estrictamente con la ley migratoria vigente y a no ceder ante presiones internas o internacionales que pretendan reabrir procesos que ya fueron ejecutados.
Llamado a fortalecer controles
Finalmente, el abogado sugirió que el Estado debe enfocar sus esfuerzos en el fortalecimiento del control fronterizo, la identificación biométrica de los extranjeros y la aplicación efectiva de los mecanismos legales existentes.
Advirtió que una política migratoria débil o incoherente no solo afecta la soberanía nacional, sino que incrementa los riesgos de conflictos sociales, explotación laboral, presión sobre los servicios públicos y pérdida del control territorial.
Steffany Baez
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