Dary Terrero
SANTO DOMINGO.– Un tribunal del Distrito Nacional impuso medidas de coerción no privativas de libertad a ocho personas señaladas por el Ministerio Público como parte de una red de fraude bancario y robo de identidad con operaciones en Bonao, en la provincia Monseñor Nouel.
Las medidas incluyen garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país, pese a que el órgano persecutor había solicitado prisión preventiva, alegando peligro de fuga por falta de arraigo de los imputados.
Millonarias garantías impuestas
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso una garantía económica de RD$3,000,000 al presunto cabecilla, Freddery García Ortiz, propietario de la empresa fachada Decoral Muebles y Más, S.R.L.
Su pareja, María Carolina Durán Tavárez, deberá pagar RD$2,000,000. A George Charlie Abreu Tejada se le impuso RD$1,000,000; a Jonathan Darío Pichardo y Raúl Ortiz Arias, RD$500,000 cada uno; y a Tatiana Elizabeth Sosa Reyes, Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares y Wilton Rafael Gutiérrez (Chango), entre RD$150,000 y RD$200,000.
El juez también declaró el caso como complejo y otorgó al Ministerio Público un plazo de 12 meses para completar la investigación y presentar acusación formal.
Red estructurada con múltiples implicaciones
Durante la audiencia, el Ministerio Público, representado por los fiscales Carlos Vidal y Gabriela Gómez Garrido, presentó más de 100 elementos probatorios que evidencian la participación activa de los encartados en la red delictiva.
Las pruebas muestran cómo la organización accedió de forma ilícita a perfiles de clientes de una entidad financiera, para luego realizar transferencias electrónicas a cuentas controladas por ellos y retirar los fondos a través de cajeros automáticos y ventanillas bancarias.
Operativo nacional con incautaciones
La investigación se originó tras denuncias de varios clientes afectados y fue ejecutada en coordinación con el Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, con apoyo del Dicat de la Policía Nacional.
Durante la operación fueron realizados 34 allanamientos simultáneos por más de 40 fiscales y 200 agentes. Se incautaron dispositivos electrónicos, documentos de identidad, libretas bancarias, sustancias controladas, vehículos y varios inmuebles adquiridos con dinero presuntamente proveniente del fraude.
Delitos graves y red en expansión
El Ministerio Público calificó los hechos como violaciones a los artículos 265 y 266 del Código Penal, además de infracciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El expediente sigue abierto y se prevé que se realicen nuevas imputaciones conforme avance la recolección de evidencias. Las autoridades insisten en que se trata de una estructura criminal organizada, con capacidad para afectar el sistema financiero nacional, por lo que el proceso seguirá bajo vigilancia rigurosa.
Dary Terrero
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